Concejales oficialistas y opositores recorrieron la obra de la peatonal en Santa Rosa
No hay palabras oficiales tras el escándalo que aprovecha la oposición. Por ahora se descarta que el gobernador le exija la renuncia. Pero sí reina la sorpresa en el oficialismo.
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EL DIARIO digital
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El gobierno provincial eligió hasta ahora el silencio como reacción ante el escándalo por las palabras del ministro Ernesto Franco que derivaron en una oposición mediática y un pedido de renuncia del responsable del área de Hacienda.
El oficialismo no piensa en acceder a ese planteo opositor, agitado además en los medios porteños, pero sí existe un intento de despegarse de lo que se considera una "bravuconada" del ministro Franco, que además sorprendió a propios y extraños.
La situación impacta en el peronismo, además, porque el clima preelectoral ya se está jugando. Y la figura de Franco hasta había sido motivos de interrogantes respecto de su continuidad en el cargo cuando a fines del año pasado sonaron posibles cambios después de la derrota electoral del Frente de Todos, y en medio de la interna de la Plural.
Ahora, tras el episodio, el gobernador Sergio Ziliotto comentó en su entorno que no puede controlar cada palabra que diga un funcionario de su gobierno.
Una de las razones de ese asombro, mezclado con algo de molestia, es que Franco nada tenía que ver con el asunto sobre el que se expresó en "términos coloquiales", según el propio ministro aludió a sus dichos de que "vamos presos todos".
Tal como después explicó en un comunicado de prensa, la maniobra para defender intereses provinciales integró un esquema contractual -y después derivaciones tributarias- entre Provincia y Pampetrol, en el que Franco no definió nada, sino que fue aprobado en 2017 en el ámbito de la Comisión Interpoderes creada por la Ley 2888, con participación del Poder Ejecutivo y con la representación de todos los bloques parlamentarios. Posteriormente, sus decisiones fueron aprobadas por las leyes 2995 y 3201.
Ante esa evidencia llamó aún más la atención que Franco tomara ese rol ante los legisladores e hiciera salir de su boca esas referencias durante la reunión legislativa del pasado 13 de diciembre, cuando presentó la Ley de Presupuesto 2022.
En el gobierno la difusión orquestada por la oposición cayó como un baldazo de agua fría, porque los dichos de Franco "se la dejaron picando" a Juntos por el Cambio para que saliera a pedir su renuncia y nacionalizara mediáticamente el escándalo (que es la misma estrategia usada en la campaña electoral). El diputado nacional Martín Maquieyra y la senadoras Victoria Huala sacaron provecho también, expresando en las redes sociales su disgusto con la "corrupción".
En cambio, los dirigentes opositores que intervinieron de manera directa en la situación no se expresaron públicamente, porque avalaron lo actuado.
La Mesa de Juntos por el Cambio difundió un comunicado pidiendo la renuncia del ministro, con el cuidado de que sus firmantes son personas que no actuaron en el asunto. Son Enrique Juan (PRO), Diego Marcantonio (UCR), Leonardo Anania (MID), José Vázquez (MOFEPA), Héctor Roldán Torcivia (FREGEN) y Miguel Solé (Peronismo Republicano). Distinto sería el posicionamiento si les tocara expresarse a legisladores y legisladoras, que participaron del encuentro, que dieron su aval o hasta aceptaron que se frenara la grabación y se "cortara toda comunicación con el mundo" (algo que finalmente no ocurrió).
Tras la difusión del video de ese tramo del encuentro, Franco apuntó en un comunicado de prensa: "Asumo personalmente haber realizado manifestaciones utilizando un léxico que claramente resultó inapropiado y desatinado".
