Concentración, envejecimiento y poco nivel de asesoramiento

Desde el año 2002, el sector agropecuario argentino (y el pampeano) se ha concentrado, principalmente en personas jurídicas. Las explotaciones con más de 200 hectáreas han aumentado su participación, principalmente en los estratos más altos.

Las explotaciones siguen estando en manos de productores/as como personas físicas, aunque ha aumentado considerablemente la participación de las personerías jurídicas. En ese marco, las mujeres han ganado proporción entre censos, representando el 21% de los/as productores/as en 2018.

El 16% de las/os productoras/es tiene menos de 39 años, y se siguen incrementando las personas mayores de 65 años (29%). El 58% tiene estudios hasta primaria completa, y solo el 9% tiene estudios universitarios completos e incompletos.

Solo el 34% se asesora profesional o técnicamente. El arrendamiento de establecimientos es un mecanismo de producción en franca expansión. 1 de cada 4 residentes que vivían en el campo en 2002 ya no está, y también se han perdido puestos de trabajo formales por EAP: de 2,3 ocupados/EAP en 2002 a 1,7 en 2018. 1 de cada 5 EAPs contrata algún tipo de seguro y el 10.8% agrega valor en origen. El 34% de la superficie aplica algún tipo de agroquímico y solo el 14% gestiona los envases vacíos.

En La Pampa, los indicadores son muy parecidos a los nacionales. La concentración, el envejecimiento de las/os productoras/es, el nivel de asesoramiento y la participación de la mujer, siguen las mismas tendencias. La provincia se destaca por su perfil ganadero, con fuerte participación de hombre en la producción y en los puestos de trabajo, con menos puestos ocupados por EAP (1,3).

El aumento de herramientas técnico-administrativas estuvo por encima del nivel nacional, el 51% realiza cálculos económicos y usa internet y computadoras. Por otro lado, en otros apartados tiene comportamientos por debajo del promedio nacional: sólo el 7,6% se asegura de alguna manera, el 1,8% de las EAPs agrega valor en origen, el 6,4% de las EAPs gestiona los envases vacíos de agroquímicos y menos del 7% realiza estudios del suelo.

(Todas son conclusiones de un libro publicado en la Facultad de Agronomía, presentado a fines del año pasado, que sintetiza una serie de encuentros y discusiones que se dieron en torno a los datos del último Censo Nacional Agropecuario. Fue coordinado por docentes investigadores de la Facultad de Agronomía y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Participaron del libro veintidós autoras y autores, expertas/os en diversas disciplinas del sector agroalimentario. El libro se divide en doce capítulos que aportan sobre el análisis, la evolución y las perspectivas futuras del sector agropecuario en Argentina en general y en La Pampa en particular).

El PRO, con la camiseta del complejo sojero

La diputada María Laura Trapaglia expresó su rechazo a la medida del gobierno nacional de suspender de manera temporal, la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de harina y aceite de soja, dos de los principales subproductos de exportación.

Trapaglia manifestó que “la medida se conoció a través de una orden de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez y según trascendió, la decisión se tomó para subir las retenciones en ambos subproductos, que tributan un 31%, al 33% al igual que paga el grano de soja”.

La diputada resaltó que “el complejo sojero constituye la principal cadena exportadora de nuestro país. Del total producido, un 87% se destina a molienda (para la elaboración de aceite, harina y biodiesel) y un 13% se exporta directamente, a pesar de eso desde el oficialismo siempre se habla hasta el cansancio de “reactivación productiva”, pero nunca logran explicar cómo esa idea es compatible con el aumento sostenido de impuestos a quienes producen y trabajan”.

“La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina informó en marzo del año 2021 que la participación de los impuestos sobre la renta agrícola es de 62,6%, calculado sobre un promedio de los principales cultivos. Para el caso específico de la soja ese porcentaje es mayor, ya que llega al 66,9%. Vale aclarar que el mayor impacto de dicha presión impositiva es generado por los impuestos nacionales que no son coparticipables (derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios)”.

“Según datos del INDEC, el complejo sojero totalizó ventas al exterior por US$14.865 millones, representando de este modo el 27,1% del total de exportaciones del país. Cada 100 pesos que se exporta, al productor le llega nada más que $30. Si se aumenta la carga impositiva sobre los derechos de exportación, quien más sale beneficiado es el Estado”, replicó.

“En un contexto en que el Gobierno de Alberto Fernández ya cerró el acuerdo técnico con el FMI y necesitará recursos fiscales para poder cumplir la meta de reducción del déficit consensuada con el organismo internacional, la única medida que se les ocurre es meterle nuevamente la mano al campo y no bajar el gasto público. Siendo justificación del ministro de Economía Martín Guzmán, que la agroindustria tiene que pagar la cuenta del gas importado”, completó.