Expectativa laboral por el Parque Solar Fotovoltaico
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El gobernador Sergio Ziliotto promulgó la ley que declara la Emergencia Pública en Salud Mental y Consumos Problemáticos en todo el territorio de La Pampa por el plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por un período similar. La norma había sido aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados el pasado 21 de mayo y quedó oficialmente en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de este viernes mediante el decreto 901/26.
La nueva legislación establece un conjunto de medidas destinadas a reforzar la atención de la salud mental y el abordaje de los consumos problemáticos, en un contexto en el que los indicadores vinculados a estas problemáticas vienen generando preocupación tanto en organismos sanitarios como en distintos sectores de la comunidad.
La ley define a la salud mental como un proceso complejo determinado por factores históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y psicológicos, en línea con los criterios establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental. Asimismo, incorpora una definición amplia de consumos problemáticos, incluyendo tanto las adicciones vinculadas a sustancias como aquellas relacionadas con conductas compulsivas, como el juego, las nuevas tecnologías o las compras.
La norma obliga al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, a elaborar e implementar un Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental y Abordaje de los Consumos Problemáticos.
Entre las principales acciones previstas se encuentran el refuerzo de las guardias de salud mental las 24 horas en los servicios provinciales, la mejora de la accesibilidad a la atención y el fortalecimiento del acompañamiento profesional a familiares y grupos de apoyo.
También dispone fortalecer las líneas telefónicas 132 y 136, destinadas a la escucha y atención de personas en crisis o con consumos problemáticos, y crea dentro de la Carrera Sanitaria Provincial una nueva rama específica para operadores de atención telefónica y remota. Para ello, el Ejecutivo deberá enviar en un plazo de 180 días un proyecto de ley que regule esa actividad.
Obras y nuevos dispositivos
Uno de los aspectos centrales de la ley es el capítulo de infraestructura. El texto prevé la ampliación y refacción de los servicios de salud mental de los hospitales Lucio Molas-René Favaloro de Santa Rosa, Padre Buodo de General Acha y Gobernador Centeno de General Pico. Además, establece la construcción y fortalecimiento de Centros de Día Comunitarios en 25 de Mayo, Guatraché, General Pico, Victorica y General Acha.
La iniciativa también impulsa talleres de inclusión sociolaboral, programas de promoción comunitaria de la salud mental y políticas de acompañamiento habitacional para personas con padecimientos mentales o consumos problemáticos que egresen de internaciones.
Más personal y recursos
Para garantizar la implementación del plan, la ley crea 30 cargos profesionales dentro de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Una vez finalizado el período de emergencia, esos puestos pasarán a integrar la planta permanente del sistema público de salud.
Además, autoriza al Poder Ejecutivo a reforzar partidas presupuestarias y habilita mecanismos especiales de contratación para agilizar la adquisición de bienes, servicios y la ejecución de obras vinculadas exclusivamente a la emergencia.
La legislación crea una Mesa de Trabajo para la Implementación y Monitoreo del Plan Provincial, integrada por representantes de distintos ministerios, organismos provinciales y diputados de la mayoría y la minoría legislativa. El organismo tendrá entre sus funciones coordinar políticas de inclusión social, laboral, educativa y habitacional para personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.
Asimismo, el Ministerio de Salud deberá informar anualmente a la Cámara de Diputados sobre el avance de las acciones previstas y la ejecución de los recursos destinados a la emergencia.
La declaración de emergencia fue impulsada en la Cámara de Diputados a partir de iniciativas orientadas a fortalecer las políticas públicas de salud mental en la provincia. Durante el debate legislativo, distintos bloques coincidieron en la necesidad de ampliar recursos y dispositivos de atención frente al crecimiento de las consultas vinculadas a padecimientos mentales, situaciones de crisis y consumos problemáticos.
