Camionero de Quemú chocó un árbol de frente sobre la Ruta 33
Disputa política por el control de los recursos municipales.
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EL DIARIO digital
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La demora en la rendición de cuentas correspondiente por parte del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Santa Rosa derivó en los últimos días en un nuevo capítulo de un proceso que no es nuevo y promete extenderse.
De alguna manera, la decisión de dos bloques opositores de acudir al Poder Judicial demuestra cierto fracaso de la política para resolver el tema, según lo que admiten los propios ediles del Frente Pampeano.
Referentes de ese espacio político reconocen que ante el cansancio en la espera de una respuesta concreta que no llegó prefirieron judicializar la discusión, sin poder salirse de ese círculo vicioso que -sobre todo en etapas electorales- lleva a la dirigencia a buscar en los tribunales lo que no se alcanza por la vía del consenso.
Como se trata de un juego político en el que sus protagonistas también huelen oportunidades, el sector tiernista que fue dejado de lado a la hora de la denuncia penal (solo formulada por el FrePam y el PRO) ahora propuso su propia idea: la conformación de una comisión investigadora.
No hay dudas de que la oposición atiende su juego y agita las aguas, en vísperas de un año electoral frente al cual no dudan en propiciar el desgaste de la gestión, a veces de manera legítima y a veces no tanto.
Eso no quita, de ningún modo, las responsabilidades que le caben al oficialismo: el intendente Luciano di Nápoli utilizó su discurso del 1 de marzo, entre otras cosas, para pedir disculpas por ese retardo, pero ese gesto de aparente cortesía y amabilidad con la oposición no le saca de encima los costos de los compromisos no cumplidos.
Los argumentos hechos públicos respecto de algunos cambios de sistema para modernizar y agilizar los trámites vinculados con esa cuestión no son suficientes para explicar una situación frente a la cual, sin dudas, el municipio no ha estado a la altura de las circunstancias.
No alcanza ni siquiera con cargar tintas sobre la gestión antecesora, que también tuvo sus demoras a la hora de las rendiciones.
Frente a un oficialismo “flojo de papeles” en estas lides, no aparece muy claro (o sí) por qué la oposición no hizo la denuncia en el momento en que consideró que se incurría en una anomalía (las autoridades públicas tienen la obligación de denunciar lo que consideran un delito) y en cambio esperó una fecha y una circunstancia que le permitiera dar un mediático golpe de efecto.
El intendente, por ahora, prefirió responder con el silencio, tal vez en el intento de ningunear esa maniobra de sus contrincantes políticos.
La rencilla por este tema, desde ya, opaca en la agenda algunas cuestiones que el gobierno local pretende sostener, y temas que son de mayor impacto cotidiano para la comunidad.
En ese clima, queda la sensación de que la denuncia judicial, mucho más que una búsqueda de la verdad, es parte del juego de politiquería, para la continuidad de estos dimes y diretes: un nuevo escenario para la puja de poder y la pelea por el voto popular con vistas a los comicios que se vienen.
