Loteos irregulares: el empresario Gallego intimó al municipio de Toay

La polémica por el loteo de casi 100 hectáreas de chacras al suroeste de la localidad de Toay sumó un nuevo capítulo.

Ahora, según pudo saber El Diario, el empresario santarroseño Marcelo Gallego intimó al municipio a través de un "recurso administrativo" en el marco de lo establecido "en la legislación de Habeas Data".

Respecto al contenido de la carta documento de Gallego hubo un cerrado hermetismo. "No podemos decir nada... es información confidencial", dijo una fuente ligada a la comuna de la vecina localidad.

Tal como informó este diario, la pretentida futura "urbanización" -que no tiene ninguna denominación barrial- tuvo el "visto bueno" durante la gestión del exintendente Ariel Rojas pero bajo nominación de "parque agrario periurbano".

En su lugar se hicieron condominios con 460 terrenos que se vendieron a un valor promedio de 3 mil dólares. El problema saltó a la luz cuando los nuevos propietarios quisieron adquirir el libre deuda municipal para poder iniciar el trámite de las escrituras. Como la zona está fuera del ejido urbano, y para incluirla se necesita una amplia modificación del Código Urbanístico, el municipìo de Toay rechazó ese trámite.

"A los que vendieron a precio original les quedó más de un millón de dólares billetes en mano... la pregunta es: ¿le dieron intervención a Rentas teniendo en cuenta esos valores?", planteó la misma fuente que habló con este diario e inició la polémica.

El dueño original del campo es el empresario Gallego. Y casi todos los boletos de compra-venta se hicieron a través de la inmobiliaria Germán Konrad, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores de La Pampa. Tras el escándalo tuvo que tomar licencia y se estima que ya no volverá al cargo.

Presiones inmonbiliarias

El intendente de Toay, Rodolfo álvarez, advirtió que son notables las presiones de protagonistas del negocio inmobiliario y reconoció que tienen su influencia sobre la comuna, pero aseguró que la municipalidad mantendrá su posición para evitar que avancen los loteos irregulares.

El jefe comunal hizo referencia así a la situación generada en torno a la zona prevista como un "parque agrario". álvarez insistió en que "la opinión del intendente es la opinión del Código".

Afirmó, así, que no avanzará la iniciativa que viene siendo impulsada por actores del negocio inmobiliario y decenas de compradores que pretenden instalar sus viviendas residencias en una zona que la normativa destina exclusivamente a chacras.

"No iba a hablar de este tema, pero lo voy a hacer… no le voy a sacar el culo a la jeringa. No voy a nombrar personas, porque tengo la enorme responsabilidad de minimizar los daños y consecuencias para este municipio", dijo.

Agregó: "Es verdad que existe un proceso inmobiliario, hemos hecho presentaciones para que regularicen esa situación. Desde el mes de agosto este municipio hizo una serie de presentaciones con el objeto de sensibilizar a la población sobre una problemática que supuestamente estuvo ocurriendo, pero como no había una prueba no puedo acusar e hice una advertencia, que disparó lo que hoy conocemos".

Apuntó que la situación también es consecuencia de un fenómeno que sufre Toay más que ninguna otra localidad. "Toay está sometida al proceso de urbanización más intenso de toda la provincia. Me baso en las estadísticas del INDEC... Toay es una ciudad que tiene un crecimiento sostenido, en los últimos 30 años, superior al 30%", alertó.

Y añadió: "Estos procesos tienen que ver con la velocidad de crecimiento de la ciudad, que tiene innumerables necesidades, desde el que más tiene al que menos. Somos meros administradores de la cosa pública, y tenemos la responsabilidad de ser cautelosos con lo que hacemos para que todos y todas logren sus objetivos en el desarrollo de su vida personal".

Viejos conocidos

Anteriormente a los dichos de álvarez, el que también habló del tema fue el exintendente y actual diputado provincial del PJ, Ariel Rojas.

"El que prometió otra cosa debe hacerse cargo", dijo en relación a la constitución de las chacras que aprobó durante su gestión.

"Acá se busca responsabilidad en el Estado o en quienes tuvimos una función y hay que buscarla en quienes firmaron un contrato", dijo. Y negó vínculos políticos con el enfermero Marcelo Vila o el excapataz municipal David Cure -promotores de la venta de los leteos- aunque aclaró que "los conozco".

Rojas también destacó que "el que fue perjudicado debe contactar al vendedor y deshacer el negocio. Es lo que yo haría".

Y argumentó: "Acá hay responsabilidades de unos y otros. De compradores y de vendedores. El Estado puso las exigencias y el uso en la zona y a partir de allí hubo quienes se encargaron de distorsionar la cosa. Pasa por ahí".

Luego recoró que "en Toay había un Código Urbanístico del 2004. Con el crecimiento rápido que teníamos, fue necesario trabajar en un nuevo Código. Involucró a exintendentes, funcionarios y personas que se creyeron importantes”. El último Código Urbanístico se sancionó en noviembre de 2016.

“Lo que se fue diagramando y lo que está permitido es lo que dice el Código Urbanístico: con una bajada de luz, una vivienda única cada 3 hectáreas. Se habla de reserva a futuro. Es una zona alejada (del ejido urbano). Y se imponen restricciones en el uso. No es urbano”, indicó sobre el loteo de las chacras Rojas.

¿Qué pasa en Santa Rosa?

Un particular episodio ocurrido en la capital pampeana amenaza con incorporarse al ruedo de los conflictos inmobiliarios por loteos, futuras urbanizaciones y actividades ligadas a este millonario negocio.

El caso de Toay publicado por El Diario movió el avispero de las suspicacias y los entretelones que históricamente rodearon estas actividades.

Diferentes desarrolladores inmobiliarios de Santa Rosa, profesionales e integrantes de diferentes colegios salieron a manifestar en voz baja las "innumerables trabas burocráticas", según sus dichos, en operaciones a las que califican como "normales".

En algunos casos, las personas que hablaron con este diario -y que solicitaron expresa reserva de su identidad- apuntaron a la "intromisión de los intereses políticos" en la asignación de las zonas a desarrollar.

Y citan el caso de parcelas con características rurales, de un valor unitario como campo, que pasaron a un valor como lotes urbanos, convirtiendo en el emprendimiento en cifras realmente millonarias.

Según pudo saber este diario, en la comuna santarroseña -desde hace un par de meses- algunos funcionarios tienen en sus manos un borrador de una denuncia contra varias áreas ligadas al Ejecutivo, e incluso con la mención expresa de exconcejales y actuales representantes del cuerpo legislativo, por "algunas consecuencias de todos estos manejos".

Todo tendría relación con la "milagrosa" incorporación de un importante loteo al ejido urbano, lindante a una de las zonas más pujantes de la ciudad.

Su propietaria, incluso, le habría hecho llegar de manera personal al secretario de Gobierno, Heriberto Eloy Mediza, su pretensión de exponer públicamente el millonario conflicto que ahora soporta por una abultada deuda de tasas que -según la posible denunciante- se generaron por aquella incorporación de sus tierras.

Siempre de acuerdo a lo que se pudo saber de las fuentes consultadas, las actuales autoridades municipales toman el tema con "cierta tranquilidad, dado que todo se habría generado durante la gestión de anteriores administraciones, y hasta se animaron a sugerir que la norma legal que dispuso esa ampliación del ejido urbano estuvo "teñida de sospechas" y salió “entre gallos y medianoches".