Vecinos reclaman por pérdida cloacal en la calle Duval
La movilización -que reunió a unas 300 personas- se realizó desde las 19 horas en la Plaza San Martín. Con el rechazo opositor, organizaciones políticas y gremiales de la provincia se sumaron al pedido de renuncia de los jueces del máximo tribunal de Justicia de la Nación.
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EL DIARIO digital
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Distintas organizaciones políticas, sociales y gremiales de La Pampa se movilizaron este martes a la tarde para reclamar por cambios en el funcionamiento del sistema judicial argentino y la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
La marcha se replicó en las distintas provincias del país y tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires.
En el caso de la capital pampeana, los manifestantes se concentraron en la plaza San Martín a las 19 horas. Y desde ahí se movilizaron hacia la sede de la Justicia Federal donde leyeron un documento conjunto y cantaron el Himno Nacional Argentino.
La bandera principal que portan los manifestantes decía: "Con esta Corte no hay Justicia ni Democracia".
"Por una justicia al servicio del pueblo", reclamó la dirigente Lizzy Rossi. "Por una justicia feminista", proclamó. Y cantó: "se va a acabar, se va a acabar, esta justicia patriarcal".
En otro tramo, Rossi pidió "no más cárcel a Milagro Sala". "¿Ustedes les parece que hayan hecho espionaje? No solo a familiares políticos, sino a los familiares del Ara San Juan", reprochó en plena marcha hacia al Juzgado Federal de Santa Rosa.
"No la soportamos esta justicia no la queremos más. Basta de Justicia de clase", aseveró, y les reprochó que "no pagan un solo impuesto". "No prestan servicio de Justicia al pueblo", sostuvo al ritmo de los redoblantes de fondo.
Durante el acto se leyó un documento consensuado con todas las organizaciones que participan. Luego se escucharon las estrofas del Himno Nacional Argentino.
El documento dice textualmente lo siguiente:
"Hoy las organizaciones sociales, políticas y gremiales, junto al Pueblo nos autoconvocamos para apoyar la Marcha Nacional en repudio de la actual CORTE de INJUSTICIA NACIONAL, reclamando la renuncia ya, de sus miembros totalmente deslegitimados.
Estos cortesanos han demostrado que no se ajustan al rol que la Constitución Nacional les ha adjudicado y que se hallan colonizados al servicio de la dominación de los poderes fácticos locales y del capital financiero internacional, desconociendo la entidad soberana del Estado. Porque en sus fallos, han resuelto la impunidad para los genocidas y los delincuentes que tomaron la deuda externa, han consentido por acción u omisión, la persecución de quienes luchan por los derechos populares, aplicando el lawfare y aceptando la llamada doctrina Irurzun, por la cual toda persona arbitrariamente detenida se la considera culpable hasta que demuestra lo contrario, invirtiendo el mandato contrario del art.18 de la Constitución Nacional, de la cual es víctima propiciatoria Milagro Sala y cuatro decenas de presos políticos en Causas que la Corte tiene cajoneadas y no las resuelve.
Como tampoco decide el reclamo Pampeano para obligar a Mendoza a cumplir con la escorrentia del Atuel de 3,2 mts. cúbicos por segundo como caudal mínimo ecológico, ni aplica las leyes que garantizan el acceso a la justicia a Mujeres y Diversidades y desconoce la vigencia de la Ley Micaela, la que se niega a cumplir.
En la Pampa, nos sumamos a ese repudio, pero no concluye con ese clamor ciudadano, sino que se traduce en una demanda popular de una inmediata Reforma Judicial integral que termine con los privilegios de jueces y funcionarios como tener cargos por tiempo Indefinido, el no pago del impuesto a las ganancias, o sea que tenga como eje central la democratización o el Poder Judicial, hoy la Institución del Estado más desprestigiada.
Esta reforma deberá incluir la recomposición del Consejo de la Magistratura, como lo determinará el Gobierno Nacional elegido mayoritariamente en 2019, en un proceso de sucesivas renovaciones democráticas hasta que no quede ni un sola lugar que sea cloaca o sótano de la república.
Es de toda evidencia que hubo un plan sistemático, clandestino y criminal para defender intereses inescrupulosos, dispuesto por las máximas autoridades políticas que gobernaron el país durante la gestión de Cambiemos, operando con Mesas Judiciales en el Estado Nacional y en algunas Provincias en connivencia con espías Agentes de la AFI y los de los medios de prensa hegemónicos.
Así, como una mafia delincuencial, ocuparon el Poder Judicial federal y la Procuración General, decidió actuar en contra de los intereses mayoritarios del pueblo de la Nación, eliminando o flexibilizando los derechos laborales, violando todas las garantías constitucionales en sentencias fundadas más en los prevaricatos que en el derecho.
Todo en el marco de una intención manifiesta de quebrar la fe y la confianza de la ciudadanía en sus representantes elegidos por el voto popular, surgido el orgullo de ser argentino y la esperanza de la juventud de vivir en un país que la Incluya.
Este accionar perverso afecta la esencia de las libertades, viola el funcionamiento de la democracia y de las instituciones de la República y, si además, como lo Hizo el macrismo y sus socios políticos, endeudaron ilegítimamente al país, se frustra el derecho del pueblo a aspirar a tener una sociedad más justa e Inclusiva.
Fue durante ese Gobierno, que con la colaboración de jueces y fiscales encarpetados y apretados por operadores y la prensa oligarca y cipaya, los sectores más débiles de la sociedad estaban bajo sospecha; hay, con la aparición de innumerables pruebas que demuestran la ignominia a que como pueblo estábamos sometidos, la desconfianza se trasladó y pesa sobre quienes aparecían como nuestros verdugos.
En ese marco, no luce ajeno el Juez Federal de La Pampa, José BARIC acusado de cablear y plantar micrófonos en una cárcel de la provincia de Buenos Aires junto a la «gestapo» de María Eugenia VIDAL, para poder ramificar y potenciar las persecuciones a sindicalistas, políticos y militantes sociales. En el frondoso prontuario de este Funcionario judicial, que se desempeñó como Subsecretario de Política Penitenciaria en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aparece vinculado con la AFI macrista como lo reconoció el propio exdirector de Operaciones Especiales de ia AFI Alan Ruiz -que fuera asesor del ministro de Seguridad Juan C Tierno- al admitir que junto a Baric manejaron el «cableado» de la alcaldía departamental 3 de Melchor Romero.
O sea que en La Pampa debemos estar muy alertas y como sociedad no podemos aceptar calladamente que haya jueces que tengan denuncias con relación a causas de espionaje y persecución judicial y, por eso, reclamamos un investigación serla sobre este Funcionario judicial.
Hoy estamos aquí para manifestarnos como pueblo, más allá de las identidades políticas de los convocantes, porque el derecho a expresarse denunciando la corrupción Imperante en el servicio de justicia y su pésimo funcionamiento, es un derecho constitucional. Lo anti ético es consentirla en silencio. Como creemos en una Justicia democrática, honesta e igualitaria con respeto a la paridad y perspectiva de género que resguarde los Derechos humanos dentro del paradigma de especial protección a los sectores más desamparados del pueblo, como la niñez, adolescencia y ancianidad, exigimos que se elijan magistrados que dignifiquen su tarea, para garantizarlo seguiremos esta lucha en la calle, porque la democracia está en riesgo".
