La Pampa

El juez Baric, en la mira por el espionaje macrista

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El juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, era funcionario de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Habría dado la orden de cablear un penal para escuchar la conversación entre abogados defensores y detenidos.

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EL DIARIO digital

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El actual juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, está en la mira por el espionaje macrista. Aparece como el intermediario entre el gobierno bonaerense de la exgobernadora María Eugenia Vidal y la AFI para instalar cámaras y micrófonos en una alcaidía para hacer espionaje sobre detenidos y abogados defensores.

La periodista Luciana Bertoia, en Página 12, describió que los vínculos del gobierno de María Eugenia Vidal con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no se terminaron con la reunión en la que uno de sus ministros se entusiasmó con la conformación de una “Gestapo” para perseguir a dirigentes sindicales.

Por el contrario, precisó que el gobierno provincial de Vidal recurrió a la exSIDE para instalar cámaras y micrófonos en una alcaidía provincial, que debieron ser retirados en parte después de que los propios penitenciarios advirtieron la existencia de cables sospechosos.

El hombre que aparece intermediando entre el gobierno de Vidal y la AFI era el entonces subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense Juan José Baric, que no es otro que el actual juez federal de Santa Rosa. El año pasado un informe televisivo ya había señalado el rol de Baric por aquella época. El caso de la "Gestapo" macrista reeditó las sospechas.

Según pudo reconstruir Página/12, Baric ingresó a la sede de la exSIDE en la tarde del 6 de agosto de 2018 y dos días después fueron los integrantes del departamento de Operaciones Técnicas a cablear la unidad.

El 6 de agosto de 2018, Baric –integrante del ministerio de Justicia provincial que comandaba Gustavo Ferrari– traspasó la puerta de la AFI a las 17:21. Permaneció allí por algo más de una hora, según la información que la interventora le envió el año pasado al juez federal Juan Pablo Augé, que investigaba el espionaje durante el macrismo. A los dos días, llegaba un grupo de Operaciones Técnicas de la AFI para instalar cámaras y micrófonos en la alcaidía departamental 3 de Melchor Romero, que dependía directamente del Ministerio de Justicia provincial.

Según la periodista de Página, la presencia de Baric es un indicio más del vínculo estrecho que la gestión provincial de Vidal tejió con la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y demuestra que esa colaboración continuó más allá de la reunión en el Banco Provincia para armarle causas al dirigente de la Uocra Juan Pablo Medina.

El Diario intentó tener la versión de Baric, pero no respondió hasta ahora la consulta. Página/12 se contactó con Baric, quien se disculpó por no poder comentar por encontrarse de vacaciones. En marzo de este año, cuando ya apareció el tema en los medios, el actual juez intentó desligarse. "No sé de dónde salió, creo que fue de la fantasía de alguien. Es tan pobre la vinculación, que Vidal es querellante en la causa donde supuestamente, el Servicio Penitenciario que estaba bajo ella, estaría haciendo tareas de investigación contra ella, un sinsentido absoluto", declaró.

Sostuvo que en el Servicio Penitenciario tenían un servicio de inteligencia “pero no en el sentido que está mencionado por ahí, sino con ver el tipo de interno que tenés adentro, qué banda forma o no forma, y como poder separarlo para que no haya problemas internos. Tenés un grupo de gente que va haciendo inteligencia en el sentido correcto de la palabra”. En declaraciones a Radiokermes, dijo que "cuando se habla de inteligencia en otro sentido obviamente que no estoy de acuerdo, se violarían todas las garantías constitucionales, legales, y el que hizo eso no tengo la menor duda de que tiene que recibir un castigo. A mí no me consta que haya gobiernos democráticos que se hayan dedicado a espiar, pero mi opinión es que es aberrante si no hay una orden de un juez”, afirmó.

El cableado

El encuentro en el Banco de Buenos Aires, que salió a la luz tras la aparición de una grabación, fue el 15 de junio de 2017 y allí estuvieron, entre otros, el ministro de Trabajo Marcelo Villegas junto con el subsecretario de Justicia Adrián Grassi sentados en la misma mesa que tres de los hombres más poderosos de la AFI, el exjefe de gabinete Darío Biorci, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra. Más de un año después del episodio del Bapro, se produjo la visita de Baric al despacho de la subdirectora Silvia Majdalani en la AFI.

El exdirector de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz -que antes había estado en La Pampa a las órdenes de Juan Carlos Tierno en el ministerio de Seguridad- declaró que él siguió con Baric el tema del “cableado” de la alcaidía provincial.

¿Por qué la AFI se involucró en lo que pasaba en una unidad provincial? Las hipótesis son varias aunque la justicia federal de Lomas de Zamora –que investigó el caso– no determinó a ciencia cierta una, indicael informe del matutino porteño.

Por un lado, el abogado Daniel Llermanos denunció que estaban poniendo cámaras y micrófonos para preparar las celdas para la detención de Hugo y Pablo Moyano. Esa información fue replicada por los espías conocidos como Súper Mario Bros. Por su lado, Alan Ruiz dijo que estaban colaborando con un traslado de los “monos”, aunque esa versión es la que menos asidero tiene.

Por último, la directora de la alcaidía 3, Natalia Roussillon, declaró que desde el Ministerio de Justicia de Vidal le habían comunicado que instalarían cámaras –no dentro de los pabellones, sino afuera– ante un eventual traslado de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci. La pregunta es si el interés de la gestión Cambiemos estaba en impedir una nueva fuga del trío o buscar reeditar, de alguna manera, las declaraciones en las que Martín Lanatta involucró a Aníbal Fernández en el caso del triple crimen de General Rodríguez.

Después de la reunión con Baric, Alan Ruiz convocó al entonces jefe del departamento de Operaciones Técnicas, Fernando Wahler, y le pidió que hiciera un plan para cablear la unidad. Wahler reconoció que él y sus hombres fueron hasta Melchor Romero en una camioneta Kangoo de la AFI.

Allí, según reconstruyeron en la fiscalía a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, la AFI cableó tres celdas, el salón de usos múltiples, el patio interno del pabellón 6, la oficina de asistencia y tratamiento y el locutorio en el que los presos se comunican con sus abogados. Incluso en el caso de que se tratara de un temor ante una nueva fuga de los Lanatta y Schillaci, la medida era ilegal. Desde el juzgado de Mercedes, que tenía la causa del triple crimen, les informaron a los investigadores de Lomas que nunca hubo una orden para “alambrar” el lugar donde estarían los Lanatta y Schillaci.

Los cables duraron unos pocos días hasta que uno de los penitenciarios notó que uno recorría el techo y le dijo a la directora de la alcaidía que probablemente era un cable de sonido. La mujer se comunicó con las autoridades del ministerio de Justicia para pedir que los sacaran. El 24 de agosto volvieron los operarios de la AFI y retiraron los micrófonos, aunque no las cámaras. Al día siguiente, Baric le preguntó a Roussillon por WhatsApp: “¿Sacaron ayer los cables putos esos?”

Las tareas en el penal bonaerense -detalla Página 12- estuvieron en manos del departamento de Operaciones Técnicas de la AFI, que, en ese momento, estaba a cargo de Wahler. El funcionario declaró en Lomas de Zamora que la intervención se produjo tras una orden de Alan Ruiz que le habría dicho existía un convenio entre el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la AFI. El juez Augé nunca encontró evidencia de ese supuesto convenio. Lo único que unía a las dos instituciones fue la incorporación de un agente del SPB a la exSIDE, Andrés Rodríguez. éste fue quien guió a los técnicos de la AFI en la instalación de los micrófonos y las cámaras en Melchor Romero. Augé procesó a Ruiz, a Rodríguez, a Wahler y a tres de sus subordinados en la AFI, Emiliano Picabea, Claudio Marcus y Sebastián Alejandro Iglesias.

Para Augé y los fiscales, fue un claro caso de espionaje. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reclamó que se lo investigara y es posible que insista en esa línea en cuanto se reanude la feria judicial.

Operaciones Técnicas, según pudo reconstruir Página/12, fue el área encargada también de cablear el Banco Provincia para la reunión antisindical de junio de 2017. Los técnicos fueron un día antes a instalar los equipos y el día posterior al encuentro a desinstalarlos, según reveló el periodista Raúl Kollmann. Los operarios, de hecho, estaban a cargo de uno de los tres asistentes al encuentro, Dalmau Pereyra. Según declaró Wahler en Lomas, durante el macrismo, les fueron recortando funciones y equipamiento. Recién cuando la gestión de Gustavo Arribas se retiraba les entregaron los equipos que reclamaban, de acuerdo con su descargo.

En el caso del Bapro se sabe que se usaron cámaras Axis por la marca de agua que dejaron en los videos. Una curiosidad que surge también de la causa de Lomas de Zamora y que podría alimentar la teoría de que eran equipos que utilizaba la AFI es que, en un allanamiento a un exagente llamado Emiliano Matta, se había encontrado un manual de seis páginas que explicaba cómo usar estas cámaras.

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