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EL DIARIO digital
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Las presentaciones, remitidas por el Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio de La Pampa y profesionales independientes, advierten sobre la ilegalidad de la medida, el impacto fiscal negativo y lo que califican como un "desconocimiento total" de las normativas vigentes que regulan la actividad.
El Colegio de Martilleros denuncia "gravedad institucional"
La nota más contundente fue presentada por Maribel Gebruers, presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio de la provincia. En su misiva, Gebruers califica como "inadmisible" que se otorgue entidad a una propuesta impulsada por agrupaciones que, según denuncia, carecen de personería jurídica, domicilio o estatuto acreditado.
Desde la institución que nuclea a los profesionales del sector, se subrayó que el proyecto representa una "absoluta falta de representación acreditada para intervenir en la esfera pública". El Colegio sostiene que la propuesta de una inmobiliaria estatal ignora deliberadamente los límites de las facultades y competencias de los entes municipales, pretendiendo invadir órbitas que corresponden exclusivamente a profesiones reglamentadas por ley.
"Pretender que el Estado Municipal asuma funciones profesionales sin la preparación ni los fundamentos técnicos requeridos constituye una afrenta a los profesionales que se han sometido a estudios y regulaciones estatales", sentenció Gebruers en el documento ingresado al CD.
Además, criticó que se intente avanzar en un tema de alta complejidad técnica y jurídica basándose únicamente en la "informalidad de un grupo de personas sin idoneidad probada".
Incompatibilidad legal y competencia desleal
Por su parte, la corredora de comercio Patricia Wilberger Flores presentó una nota de oposición individual en la que desglosa los argumentos técnicos y legales contra la iniciativa.
Wilberger Flores sostiene que el proyecto, promovido originalmente por la agrupación UTT, fomenta deliberadamente el incumplimiento de las leyes provinciales 861 (y sus modificatorias) y la ley nacional 20.266, además de colisionar con los artículos 89 y 90 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Uno de los puntos más sensibles de su exposición radica en la defensa de la labor profesional frente a los prejuicios sociales. La profesional rechazó de plano los argumentos que estigmatizan a los martilleros como "corruptos" o responsables de la crisis habitacional. "La problemática de quien no puede acceder a un alquiler por falta de recursos no es responsabilidad de los propietarios ni de los profesionales inmobiliarios; es una víctima de un sistema que debe ser solventado por el Estado, pero no a través de la competencia desleal", expresó en su presentación.
El fantasma de la mayor presión fiscal
Otro de los ejes del rechazo es el económico. Wilberger Flores advirtió que la creación de cualquier nuevo organismo o suborganismo dependiente del Estado Municipal implica necesariamente una erogación que se afronta con los impuestos de los contribuyentes.
En este sentido, la profesional planteó una pregunta directa a los concejales: "¿A qué cantidad de activos mantenemos con nuestros impuestos hoy que se los permite recargar desde una nueva división sin sufrir aumento en los contribuyentes?".
Según su visión, el municipio debería centrarse en sus competencias específicas, como garantizar el mantenimiento de las veredas y el estado de los terrenos baldíos, en lugar de desarrollar una actividad para la cual existen profesionales universitarios que ya pagan una matrícula anual para ejercer.
El conflicto surge en un momento de alta tensión por el mercado locativo en Santa Rosa. Mientras que ciudadanos como Iñaki Esponda han presentado proyectos a favor de la creación de este Área de Inmobiliaria Municipal para transparentar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda, el sector profesional se mantiene en pie de guerra.
La iniciativa de Esponda propone un Registro Municipal de Viviendas en Alquiler y una plataforma web gestionada por el municipio para "promover una mayor transparencia del mercado locativo". Sin embargo, para los martilleros, esta "intervención municipal" no es más que un desplazamiento del sector privado por canales informales.
Ante este escenario, el Colegio de Martilleros ha solicitado formalmente que el proyecto sea remitido a la institución para un análisis técnico profundo y ha pedido ser escuchado por el Cuerpo Deliberativo antes de cualquier tratamiento legislativo. La discusión promete ser uno de los debates más intensos del período ordinario 2026, enfrentando el derecho constitucional a la vivienda con las leyes de colegiación profesional y la autonomía municipal.
