Nuevo encuentro formal del Ente, con participación de áreas de Gobierno, Justicia, Educación y Legislatura.
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EL DIARIO digital
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Este martes se llevó adelante la reunión mensual del Ente de Políticas Socializadoras coordinada por el Ministerio de Seguridad. Se hizo especial hincapié en la necesidad de articular políticas con otros organismos y potenciar la comunicación entre los sectores involucrados en el acompañamiento de personas tuteladas.
En esta oportunidad se abordó un temario institucional donde se informó a los representantes sobre las distintas acciones desarrolladas desde las Unidades de Abordaje, Supervisión y Orientación con el objeto de analizar el progreso de las mismas.
El encuentro se realizó de manera virtual, vía plataforma zoom, y estuvo encabezado por la directora de Políticas Socializadoras, Mónica Leonor Riquelme y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Funes.
Participaron además, por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, el director de Justicia Nicolás Idiart; del Ministerio de Educación, la representante del equipo técnico Mariana di Nápoli; y las diputadas provinciales Valeria Lujan y Lilia Caimari.
Partiendo del análisis de los datos recabados a lo largo de la provincia, respecto a las situaciones puntuales de los tutelados y las Unidades de Abordaje, se discutió la efectividad y repercusión de las acciones desplegadas hasta el momento. Además, se avanzó en la implementación de intervenciones acordes a problemáticas puntuales, como la articulación con nuevas áreas, municipios, la prevención de reincidencia y la reinserción social de hombres que ejercen violencia.
La finalidad de las reuniones de trabajo es implementar nuevas labores conjuntas entre las Unidades de Abordaje, Supervisión y Orientación y diversos organismos, ya que resulta fundamental ampliar, sostener e intensificar las vías de comunicación y articulación de labores, entre diferentes instituciones, para reforzar el acompañamiento de los tutelados generando planes certeros.
El Ente, rige desde 2016 y tiene como finalidad abordar, debatir y establecer políticas públicas para contribuir a la disminución de delitos y reincidencia, procurando la inserción social y asistencia material, sin perder de vista la situación personal, el contexto familiar y comunitario, de los sujetos en conflicto con la Ley Penal.