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Sappa y Díaz pidieron sumario

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En minoría, dos ministros del STJ bancaron el informe de la Oficina de la Mujer.

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EL DIARIO digital

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Los ministros Hugo Díaz y José Sappa sostuvieron una posición minoritaria en el Superior Tribunal de Justicia ante la denuncia por maltrato laboral. Destacaron el rol de la Oficina de la Mujer y Violencia Domestica y los informes de los equipos técnicos.

Díaz recordó “las dificultades con la que a diario se encuentran las mujeres víctimas de violencia para acreditar aquellos hechos que constituyen motivo de discriminación o de afectación a su dignidad. No es posible descreer del relato expuesto ante el equipo interdisciplinario”.

Consideró que frente a la situación “la única opción viable es el régimen disciplinario” y “disponer la instrucción de un sumario administrativo al Procurador”, como parte de “la garantía del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“La necesidad de que exista un procedimiento responde a la satisfacción de un derecho que asiste a la persona afectada a conocer las faltas que se le reprochan, a alegar sobre ellas y a producir su prueba" para ejercer su derecho de defensa y luego decidir al respecto. Además, consideró que "es necesario para quien debe valorar la conducta y decidir la cuestión disciplinaria".

Sappa coincidió y refirió a “una serie de recaudos procedimentales de ineludible observancia como el derecho a ser oído; a ofrecer y producir aquella prueba que se estime pertinente y, por último, a obtener una decisión fundada en razón de la cual se meritúen todos los elementos probatorios aportados al expediente”.

Defendió un sumario para “mantener los lineamientos argumentativos, como así también, el criterio adoptado por este Tribunal”.

Marcó su disidencia con los votos mayoritarios: “no me es posible conceptualizarlos (a los informes) como meras transcripciones de un relato o considerar que ''''ni siquiera tienen los dictámenes naturaleza de experticia para un procedimiento jurisdiccional o administrativo''''. Ello, implicaría desconocer la especial formación y experiencia en contextos de violencia con la que cuentan las profesionales; provenientes de la rama de la psicología, abogacía y trabajo social”.

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