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EL DIARIO digital
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Con 44 votos a favor y 23 en contra, la Cámara alta dio sanción definitiva a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. El proyecto modifica el Régimen Simplificado de Ganancias y actualiza los criterios de control fiscal de la ARCA.
La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley este jueves la iniciativa conocida como Inocencia Fiscal II, un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que introduce modificaciones en el esquema tributario y amplía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
El proyecto obtuvo la aprobación definitiva con 44 votos afirmativos y 23 negativos, luego de haber recibido su media sanción en la Cámara de Diputados a fines de agosto. El oficialismo logró sacar adelante la votación gracias al respaldo de legisladores del PRO, la UCR y diferentes agrupaciones provinciales, mientras que el bloque peronista votó en contra.
Los bloques que respaldaron el proyecto
Además de La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo, la norma sumó los votos de los siguientes espacios provinciales y aliados:
Convicción Federal
Despierta Chubut
Frente Cívico por Santiago
Independencia
La Neuquinidad
Movimiento por Misiones
Primero los Salteños
Provincias Unidas
Modificaciones clave en Ganancias y controles fiscales
Uno de los ejes principales de la nueva legislación apunta a flexibilizar las condiciones de acceso al Régimen Simplificado de Ganancias. Hasta la sanción de esta norma, el sistema impedía el ingreso a quienes hubieran reportado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en cualquiera de los últimos tres años, restricciones que ahora fueron modificadas para ampliar el universo de contribuyentes habilitados.
Asimismo, la ley redefine el criterio de "discrepancia significativa", parámetro que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para evaluar las declaraciones juradas y definir cuándo corresponde iniciar una revisión. Con el nuevo régimen, una brecha del 15% o más que no supere los $5 millones ya no será considerada una discrepancia significativa, lo que previene auditorías automáticas por montos menores.
En paralelo, la normativa fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha tope para acceder a determinados beneficios asociados con la presunción de exactitud en las declaraciones y el denominado "tapón fiscal".
Restricciones para funcionarios y debate en el recinto
El texto aprobado contempla exclusiones específicas para impedir que determinados funcionarios nacionales y personas que se hayan desempeñado en cargos públicos en años anteriores puedan acceder a los principales beneficios del régimen. Durante la discusión en el recinto, el bloque peronista impulsó una ampliación de estas restricciones para alcanzar también a los familiares de personas políticamente expuestas, pero la iniciativa no fue incorporada y el Senado ratificó el texto original proveniente de Diputados.
Posturas encontradas en el Parlamento
Durante el debate parlamentario, los posicionamientos de los distintos sectores quedaron marcados por visiones contrapuestas sobre el rol del Estado en materia tributaria:
Oficialismo: El senador libertario Bruno Olivera, miembro informante del proyecto, sostuvo que la ley busca transformar el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, aportando previsibilidad, recortando controles fiscales sobre ciertas operaciones y ofreciendo mayores garantías a los sectores cumplidores.
Oposición peronista: El jefe de la bancada, José Mayans, cuestionó duramente la medida y argumentó que funciona como un mecanismo de regularización de activos, vinculándola de forma directa con el rumbo del programa económico del Gobierno.
