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EL DIARIO digital
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La causa que investiga el presunto crecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos que podrían ampliar el alcance de la pesquisa. La fiscalía ahora puso el foco sobre una serie de conversaciones entre su secretaria, Gisela Kocsis, y el contratista Matías Tabar, en busca de determinar si existieron más compras destinadas a equipar la vivienda que el funcionario posee en el country Indio Cuá.
La nueva línea investigativa surgió a partir del análisis de documentación incorporada al expediente, donde ya figura una operación realizada en junio de 2025 en un reconocido comercio de equipamiento para el hogar. Se trata de una compra por más de ocho millones de pesos que incluyó colchones, almohadas, ropa de cama y otros artículos.
Según consta en la causa, la factura fue emitida a nombre de Kocsis y el pago habría sido realizado en efectivo, circunstancia que motivó nuevas medidas impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Ahora, los investigadores buscan establecer si aquella operación fue un hecho aislado o si formó parte de un conjunto más amplio de adquisiciones vinculadas con el acondicionamiento de la propiedad.
Chats bajo análisis
Uno de los puntos centrales de la investigación son los mensajes intercambiados entre Kocsis y Tabar. De acuerdo con la información incorporada al expediente, la secretaria enviaba fotografías y consultas relacionadas con distintos elementos para el hogar.
Entre los productos mencionados aparecen colchones, muebles, electrodomésticos y otros artículos destinados al equipamiento de una vivienda.
La Justicia intenta determinar quién fue el destinatario final de esas compras, cuál fue el origen de los fondos utilizados y si las operaciones guardan relación con las reformas realizadas en la residencia de Indio Cuá.
Como parte de esa tarea, el celular del contratista será sometido a peritajes y Kocsis será convocada para declarar como testigo.
Obras millonarias y pagos en efectivo
Las sospechas sobre la vivienda también se apoyan en el testimonio que brindó Tabar ante la fiscalía. El empresario aseguró que las remodelaciones realizadas en la propiedad demandaron una inversión de aproximadamente 245 mil dólares y que los trabajos fueron abonados íntegramente en efectivo.
Según declaró, las obras se extendieron durante casi diez meses e incluyeron intervenciones en distintos sectores de la casa, desde pisos y baños hasta la cocina, el quincho y la pileta.
El contratista sostuvo que recibió una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y posteriormente cobró el resto del dinero a lo largo de 2025.
Nuevas medidas patrimoniales
La investigación no se limita a las compras y remodelaciones. Pollicita también ordenó profundizar distintas líneas vinculadas al patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
Entre las medidas dispuestas figura un requerimiento de información sobre eventuales vínculos laborales con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, además de pedidos de documentación relacionados con declaraciones patrimoniales, ingresos y funciones desempeñadas entre 2017 y 2023.
Asimismo, la fiscalía solicitó acceder a información contenida en otra causa judicial que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, con el objetivo de analizar posibles conexiones patrimoniales o referencias a bienes familiares que puedan resultar de interés para la investigación actual.
En paralelo, también se pidió al country Indio Cuá Golf Club los registros de ingresos y egresos de proveedores, contratistas y empresas que trabajaron en el lote investigado entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
Con estas nuevas medidas, la Justicia busca reconstruir en detalle el flujo de gastos, obras, compras y movimientos económicos vinculados a la propiedad, en una causa que continúa escalando y sumando elementos bajo análisis judicial.
