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EL DIARIO digital
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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni continúa ganando profundidad en los tribunales federales. En las últimas horas, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó acceder a la última declaración jurada presentada por el legislador ante la Oficina Anticorrupción, en el marco de una causa que busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado desde su ingreso a la función pública nacional.
La medida se suma a una serie de requerimientos impulsados durante las últimas semanas para reconstruir la evolución económica del dirigente libertario y contrastar sus bienes declarados con los ingresos percibidos durante su paso por distintos cargos del Estado.
Nuevas rectificaciones bajo la lupa
Uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores son las sucesivas modificaciones realizadas por Adorni en sus declaraciones juradas.
Según la documentación incorporada al expediente, el legislador volvió a corregir información vinculada a una vivienda ubicada en City Bell y también incorporó nuevas cuentas bancarias que no figuraban en presentaciones anteriores.
En la última rectificación informó que el 50% de la valuación del inmueble asciende a 52,6 millones de pesos, una cifra inferior a los 67,5 millones que había consignado en una corrección previa.
Además, declaró cinco cajas de ahorro con fondos cercanos a los dos millones de pesos y ratificó la incorporación de una herencia valuada en aproximadamente 21 millones de pesos.
Cómo comenzó la investigación
La causa se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien planteó posibles inconsistencias en la evolución patrimonial del dirigente desde su desembarco en la administración pública.
La investigación está a cargo del juez Sebastián Casanello, quien ordenó una serie de medidas destinadas a obtener documentación y verificar la información declarada por el funcionario.
Levantamiento del secreto bancario y fiscal
Entre las decisiones más relevantes adoptadas por la Justicia figura el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni.
Gracias a esa medida, la fiscalía accedió a información tributaria y financiera que permitirá analizar movimientos económicos, depósitos, transferencias, créditos, plazos fijos y otros productos financieros registrados durante los últimos años.
También se solicitaron informes a organismos como:
ARCA
AGIP
ARBA
Banco Central de la República Argentina
Además, se requirió información a Migraciones para reconstruir los viajes realizados al exterior y verificar movimientos internacionales.
Cambios en bienes y deudas
Otra de las cuestiones observadas por los investigadores está relacionada con las modificaciones efectuadas sobre deudas declaradas y composición patrimonial.
En una presentación inicial, Adorni había informado una deuda hipotecaria de 130 millones de pesos al comienzo del período y un saldo de 57 millones al finalizarlo.
Posteriormente corrigió esos datos y afirmó que la deuda inicial era de 45 millones de pesos, una modificación que alteró significativamente la evolución patrimonial reflejada en la documentación.
Los cambios también alcanzaron a los bienes registrados. Durante 2025 dejó de declarar una camioneta Chery Tiggo e incorporó la titularidad del 50% de una Jeep Renegade, manteniendo además la copropiedad del inmueble ubicado en City Bell.
Un expediente que sigue creciendo
La investigación se concentra especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni comenzó a ocupar cargos dentro del Poder Ejecutivo nacional.
Antes de asumir su banca legislativa provincial, se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.
Aunque comparte apellido y protagonismo político con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la investigación patrimonial que enfrenta Francisco avanza en un expediente independiente.
Por ahora, la Justicia continúa reuniendo documentación y analizando la información financiera para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados, la evolución de su patrimonio y las obligaciones económicas registradas durante los últimos años.
