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EL DIARIO digital
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La adhesión de nuevos referentes del oficialismo al régimen simplificado de Ganancias volvió a encender la discusión política. Este miércoles se conoció que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el diputado libertario José Luis Espert decidieron incorporarse al esquema contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las reformas tributarias más debatidas impulsadas por el Gobierno nacional.
La revelación llega apenas días después de que trascendiera que el vocero presidencial Manuel Adorni y su esposa también habían optado por adherirse al nuevo sistema. Con estas incorporaciones, crece la lista de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que eligieron acogerse a un régimen que promete simplificar trámites, pero que también despierta fuertes cuestionamientos.
El eje de la polémica radica en uno de los cambios más sensibles de la normativa: quienes ingresen al régimen simplificado ya no deberán justificar variaciones patrimoniales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En la práctica, los contribuyentes deberán informar ingresos, deducciones y otros datos necesarios para liquidar el impuesto, sin presentar un detalle exhaustivo de su patrimonio.
La medida forma parte de la Ley 27.799, reglamentada mediante el Decreto 93/2026, y fue presentada por el Poder Ejecutivo como una herramienta destinada a incentivar la formalización de fondos no declarados y reducir la complejidad del sistema tributario para personas físicas.
Entre los cambios más significativos aparece la actualización de los montos mínimos para que existan delitos tributarios. La evasión simple pasó de tener un piso de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que la evasión agravada elevó su umbral de 15 millones a 1.000 millones de pesos.
Además, la normativa habilita a ARCA a no impulsar denuncias penales cuando los contribuyentes regularicen su situación antes de que se inicie una causa judicial o cancelen las deudas, intereses y recargos dentro de los plazos establecidos.
Otro aspecto central de la reforma es la reducción de los tiempos de fiscalización. Con el nuevo esquema, el organismo recaudador contará con un plazo de tres años para reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o avanzar con denuncias vinculadas a operaciones no declaradas.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una modernización necesaria del sistema impositivo, la adhesión de figuras de peso dentro de La Libertad Avanza vuelve a poner el foco sobre una ley que divide opiniones y promete seguir generando controversia en el escenario político argentino.
