Netanyahu sube el tono: "no terminamos el trabajo en Irán" y la región vuelve a tensarse
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El Gobierno de Javier Milei volvió a encender la mecha en el Congreso con una jugada que promete ruido político: reabrir el debate sobre discapacidad y financiamiento universitario, dos temas que ya dejaron cicatrices recientes y que ahora regresan con sello oficialista.
No es casual. Es estrategia. El Ejecutivo busca correr el eje y reescribir reglas que la oposición logró imponer en 2024 y 2025, pero que nunca terminaron de aplicarse sin resistencia.
Discapacidad: del derecho al sospechoso "fraude"
El proyecto que ingresó al Senado no llega con tono conciliador. Bajo el rótulo de "emergencia", el oficialismo pone el foco en lo que denomina irregularidades en las pensiones por invalidez. Traducción política: revisar, recortar y ordenar un sistema que —según cifras oficiales— pasó de 76.000 beneficiarios en 2003 a más de 1.200.000 en 2023.
El mensaje es claro: el Gobierno quiere instalar la idea de un esquema desbordado, con grietas administrativas y posibles abusos. Pero del otro lado, organizaciones sociales y sectores opositores ya advierten que detrás del discurso del "fraude" puede esconderse un ajuste encubierto.
La iniciativa incluye regularización de deudas para prestadores, actualización de aranceles y promesas de sostenibilidad. Sin embargo, el punto crítico sigue siendo el mismo: quién queda adentro del sistema y quién queda afuera.
Universidades: la caja en disputa
En paralelo, el financiamiento universitario vuelve al centro de la escena. El proyecto oficial —que comenzará a discutirse en comisiones presididas por Alicia Fregonese y Bertie Benegas Lynch— intenta un delicado equilibrio entre ajuste fiscal y funcionamiento académico.
El Ejecutivo promete sostener salarios docentes, garantizar el funcionamiento y reforzar becas. Pero introduce una diferencia clave respecto a la ley impulsada por la oposición: evita atarse a actualizaciones automáticas vinculadas a la inflación pasada.
Ahí está el nudo. Porque la normativa anterior —que sobrevivió incluso a un veto presidencial— obligaba a recomponer salarios y partidas según el IPC. Y esa obligación no cayó bien en la Casa Rosada.
Fallos judiciales y pulseada abierta
El conflicto ya escaló más allá de lo político. La Justicia ordenó actualizar salarios y becas, pero el Gobierno respondió con una apelación y llevó el caso hasta la Corte Suprema.
En otras palabras: mientras en el Congreso se discute una nueva ley, en tribunales se pelea por la vigencia de la anterior.
Un doble frente que incomoda
Discapacidad y universidades no son temas menores. Tocan fibras sensibles, movilizan sectores organizados y tienen impacto directo en la calle. Por eso, la decisión del oficialismo de reabrir ambos debates no es técnica: es profundamente política.
- La pregunta que sobrevuela es incómoda pero inevitable: ¿se trata de ordenar sistemas desbordados o de ajustar donde más duele?
- Por ahora, el Congreso vuelve a ser el escenario. Y todo indica que la discusión será cualquier cosa menos silenciosa.
