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EL DIARIO digital
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La tensión social suma un nuevo capítulo con alto voltaje político. La organización Barrios de Pie anunció que este jueves instalará una olla popular nada menos que frente a la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en pleno Caballito. El detonante: el cierre del programa Volver al Trabajo. El condimento extra: una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que ya salpica al funcionario.
La convocatoria está prevista para las 11 en la calle Miró al 500. No es un punto elegido al azar: se trata de una de las propiedades bajo la lupa en la causa que impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien intenta determinar si el patrimonio del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, cierra con los ingresos declarados.
Un recorte que pega donde más duele
Detrás de la protesta hay un número que explica la bronca: 951.871 trabajadores quedaron afuera del programa tras su cierre. El ingreso, de $78.000 mensuales, funcionaba como sostén básico para miles de personas ligadas a la economía popular.
Desde Barrios de Pie advierten que el golpe impacta directo en el corazón de los comedores comunitarios. Las cocineras muchas veces invisibilizadas dependían de ese dinero como única remuneración formal. Sin ese ingreso, alertan, peligra la continuidad de espacios que hoy contienen a niños y jubilados en situación crítica.
Protesta con mensaje político directo
La elección del domicilio de Adorni no es casual: es un gesto político cargado de simbolismo. Desde la organización dispararon sin rodeos que, mientras algunos funcionarios "compran casas, viajan y acceden a créditos para segundas o terceras viviendas", en los barrios "se apaga la olla".
El contraste es el eje del reclamo: ajuste arriba, hambre abajo. Y en ese cruce, la figura de Adorni queda en el centro de la escena, no solo por su rol en el gobierno sino por el frente judicial que empieza a incomodar.
La calle y la Justicia, en paralelo
El dato que eleva la temperatura es la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación analiza movimientos patrimoniales, viajes al exterior y operaciones financieras que no terminan de cerrar en los papeles. Aunque el expediente está en etapa preliminar, su existencia le da a la protesta un peso político adicional.
Así, la escena de este jueves promete algo más que una olla popular: será una postal incómoda para el gobierno, con la calle marcando agenda y la Justicia mirando de reojo.
En un contexto económico asfixiante, el conflicto escala. Y lo que empieza con una olla puede terminar en un símbolo mucho más grande: el de una tensión social que ya no se cocina a fuego lento.
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