Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La política argentina sumó un nuevo capítulo cargado de sospechas, nombres propios y decisiones judiciales que prometen escalar. El juez federal Ariel Lijo decidió avanzar sin medias tintas: levantó el secreto fiscal y bancario sobre las empresas que habrían financiado el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. Y lo que aparece en escena no es menor.
En el centro de la investigación quedó IMHOUSE S.A., una firma vinculada al periodista Marcelo Gandio. La sospecha que sobrevuela en tribunales es directa: determinar si existió o no un vínculo económico entre la empresa y el actual jefe de Gabinete que justifique los gastos de ese viaje que hoy genera ruido político.
La clave: seguir la ruta del dinero
Con la decisión de Lijo, la Justicia ahora podrá meterse de lleno en los números finos de la compañía. Movimientos bancarios, ingresos, egresos y capacidad económica real: todo quedará bajo la lupa. El objetivo es claro, aunque incómodo para más de uno: saber si IMHOUSE S.A. tenía espalda financiera para costear el viaje o si detrás hay algo más que todavía no salió a la superficie.
Pero el expediente no se queda ahí. La investigación también apunta a un posible nexo con la Televisión Pública, lo que abre otro frente sensible: la eventual existencia de contratos que podrían explicar o complicar aún más el escenario.
Un viaje, demasiadas preguntas
Lo que en principio parecía un simple traslado a Punta del Este ahora se transformó en un caso con derivaciones políticas, mediáticas y judiciales. En tiempos donde cada movimiento de los funcionarios es escrutado al detalle, el foco ya no está en el destino, sino en quién pagó la cuenta.
Por ahora, no hay conclusiones definitivas. Pero con el secreto fiscal levantado, el margen para las especulaciones empieza a achicarse. Y en Comodoro Py lo saben: cuando los números hablan, la política tiembla.