Reforma laboral: el ajuste que vuelve a golpear por el mismo lado

En la sede de SMATA no hubo discursos ampulosos ni diagnósticos improvisados. Hubo, en cambio, una advertencia clara y repetida: el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno vuelve a cambiar las reglas del juego, y no precisamente para equilibrar la cancha. Más de 35 gremios industriales reunidos en la Coordinadora de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) coincidieron en un punto central: el texto oficial está diseñado para que pierdan los trabajadores.

El encuentro, realizado el martes último, reunió a dirigentes sindicales, legisladores y abogados laboralistas. Participaron el senador Mariano Recalde, la diputada Vanesa Siley y el abogado Álvaro Ruiz, quienes expusieron sobre los efectos que la iniciativa tendría sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

Recalde fue tajante al desmontar uno de los argumentos más repetidos a favor de la reforma. "Son todas mentiras creer que estas reformas laborales generan empleo", afirmó. Lejos de la retórica, aportó un dato incómodo: cuando se abarató el trabajo aumentó la desocupación, mientras que en el período de doble indemnización fue cuando más empleo se creó. La experiencia, insistió, contradice el dogma.

Los oradores coincidieron en que el proyecto busca debilitar a las asociaciones sindicales y reforzar el poder empresario. No se trata solo de una disputa política: advirtieron que algunas disposiciones serían contrarias a la Constitución Nacional. Entre los puntos más cuestionados aparece la intención de limitar el derecho de huelga, un avance directo sobre una herramienta histórica de acción y presión de los trabajadores.

Siley, por su parte, puso el foco en el impacto concreto de la iniciativa. La reforma, sostuvo, "facilita los despidos, no crea empleo". Y remarcó un horizonte que excede el debate coyuntural: un país con más industrias, justicia social y movilidad social ascendente, donde el trabajador recupere dignidad y derechos plenamente respetados. Un planteo que contrasta con la lógica del ajuste presentado como modernización.

Otro eje central del rechazo fue el sistema de salud. Durante el intercambio se denunció que el proyecto propone quitar el 1% de los aportes a las obras sociales sindicales. Según expresaron, la medida significaría un daño directo a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Las obras sociales, señalaron, ya se encuentran en una situación crítica por los altos costos de la medicina y los medicamentos; reducir su recaudación sería profundizar una agonía conocida.

El rechazo sindical no crece por capricho ni por reflejo ideológico. Crece porque, detrás de los títulos técnicos y las promesas de eficiencia, los gremios leen un mensaje claro: menos derechos, menos protección y más poder concentrado. Y cuando las reformas empiezan recortando garantías básicas, la historia enseña que el costo nunca lo paga quien redacta el proyecto, sino quien vive de su trabajo.