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EL DIARIO digital
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Con Patricia Bullrich como punta de lanza en el Senado, el Ejecutivo ordena su tropa, alinea interlocutores y busca sacar la reforma laboral antes del 31 de diciembre. El proyecto apunta a recortar costos indemnizatorios, redefinir responsabilidades y empujar una modernización que ya despertó resistencia sindical.
El Gobierno ya definió que la reforma laboral será uno de los platos fuertes de las sesiones extraordinarias. En Casa Rosada dan por hecho que Patricia Bullrich encabezará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado para pilotear los debates. El plan es simple: conducir el proceso, aprobar la ley y, una vez cumplida la misión, dejar la comisión.
Entre el 10 y el 30 de diciembre, el oficialismo intentará constituir las comisiones clave para avanzar con el temario que enviará el Ejecutivo, que incluye también Presupuesto e Inocencia Fiscal. Y si el Congreso no llega con los tiempos, en el Gobierno ya avisan: el debate puede continuar en enero.
La estrategia política aparece más aceitada que en otras ocasiones. El diagrama oficial quedó así: Bullrich negociará con senadores; Martín Menem hará lo propio con diputados; Diego Santilli oficiará de puente con gobernadores; y los pedidos sectoriales se canalizarán según corresponda hacia Economía o Jefatura de Gabinete. La orden es clara: evitar desbordes y blindar los votos.
En cuanto al contenido, el proyecto de modernización de la legislación laboral —que el Ejecutivo da por terminado— pone el foco en reducir los costos de despidos, una demanda recurrente de empresarios y pymes. Sin imponer topes, se propone "ordenar" la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y limitar la discrecionalidad judicial en la fijación de indemnizaciones. Según una alta fuente oficial, la eliminación de multas abrió la puerta a reclamos por "daños y perjuicios", por lo que la nueva norma buscará invertir la carga de la prueba: será el trabajador quien deba demostrar los daños alegados.
El texto también establecerá un mecanismo de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor más 3% anual. Y apunta a dinamizar el empleo mediante convenios con criterios regionales, que permitirían salarios más bajos en áreas menos desarrolladas. En el noroeste, calculan, la ocupación podría trepar hasta 17%.
Para contener la resistencia gremial, el Ejecutivo mantiene intactas las cajas sindicales, una llave política para acelerar el tratamiento. Sin embargo, no todo es paz: Gerardo Martínez dejó en claro su rechazo tras reunirse con Santiago Caputo. El sindicalismo ya marcó territorio y promete dar pelea.
Con el reloj corriendo y el Congreso en modo contrarreloj, el oficialismo apuesta a terminar el año con su reforma laboral aprobada. Si lo logra o no, será parte del pulso político que se definirá en las próximas semanas.
