"Sin industria no hay nación": La respuesta de la UIA a los dardos de Milei
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EL DIARIO digital
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El Proyecto Vicuña (que integra a los complejos Josemaría y Filo del Sol) necesita una potencia bestial: 260 MW. Para que te des una idea, hoy funcionan con generadores a gasoil que YPF sube en camiones a 4.200 metros de altura. Es inviable. La empresa propuso poner de su bolsillo entre US$ 400 y US$ 500 millones para construir 220 km de líneas eléctricas y ampliar estaciones transformadoras.
El nudo del conflicto: ¿Exclusividad o inversión legítima?
La empresa se ampara en la Resolución 311/25 y la Ley de Bases, que permiten a privados construir infraestructura a cambio de prioridad de uso por 25 años.
Lo que pide Vicuña: Tener prioridad sobre el 90% de la capacidad nueva que ellos mismos financian. Argumentan que no tocan la red actual, sino que "agrandan la torta" y se quedan con la porción que ellos pagaron.
Lo que dice San Juan (vía el EPRE): Se oponen por razones técnicas y jurídicas. Sostienen que capturar ese 90% es un "ejercicio abusivo" que subordina el interés general de los sanjuaninos a un negocio privado. Además, la provincia dice que ya tiene sus propios planes de infraestructura financiados por fideicomisos locales.
El dilema del "Cuello de Botella"
Argentina tiene un déficit histórico en transporte eléctrico. Con el riesgo país todavía alto y sin plata en el Estado para obras públicas, el Gobierno nacional apostó todo a que las empresas mineras y energéticas construyan su propia infraestructura.
"La pretensión de capturar el 90% desnaturaliza la función social del sistema de transporte", disparó el ente regulador de San Juan (EPRE).
Desde Vicuña responden que el sistema es de "acceso abierto": cualquiera puede pedir conectarse, pero si no hay lugar, alguien tiene que pagar la ampliación. La empresa está dispuesta a poner los dólares, pero quiere la garantía de que tendrá luz para sacar el cobre durante los próximos 25 años.
¿Por qué esto es clave para el país?
Lo que pase con Vicuña sentará un precedente para todos los proyectos bajo el régimen del RIGI y la Ley de Bases.
Si el ENRE (Nación) le da la razón a la empresa, se valida el modelo de "quien paga, usa".
Si San Juan logra frenarlo, el modelo de inversión privada en infraestructura energética podría entrar en un limbo legal que espantaría a otros inversores.
