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EL DIARIO digital
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La Justicia Federal de Río Cuarto investiga una asociación ilícita que exigía sobornos en la Ruta 8. Once efectivos permanecen detenidos.
La Justicia Federal de Córdoba imputó a 24 gendarmes y a un civil por el cobro sistemático de coimas a camioneros en controles sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Sampacho. Según la investigación del fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, los uniformados pedían dinero en efectivo o por transferencia a cambio de permitir la circulación de los transportistas.
El caso se conoció en septiembre, cuando fueron detenidos 14 gendarmes —entre ellos la jefa de la Sección de Seguridad Vial "Sampacho", Analía Galian— y un civil identificado como el "cajero" del grupo, encargado de recibir los pagos y distribuir el dinero. Actualmente, 11 efectivos continúan detenidos, mientras Galian cumple prisión domiciliaria.
La causa, que lleva adelante el juez federal Carlos Ochoa, imputa a los involucrados por los delitos de asociación ilícita y diez hechos de exacciones ilegales agravadas. Los allanamientos fueron realizados por la propia Gendarmería Nacional, algo inusual en causas que involucran a personal de la fuerza.
Las maniobras se habrían extendido entre julio de 2024 y septiembre de 2025. Los gendarmes exigían sumas que iban desde los $50 hasta los $600.000, según el tipo de carga y la procedencia de los camiones. Las víctimas, camioneros de distintas provincias, fueron identificadas a partir del seguimiento de transferencias y testimonios directos.
"Se están identificando más camioneros víctimas a partir del análisis de las transferencias realizadas. En general, tienen miedo", señalaron fuentes de la investigación.
El expediente comenzó en febrero, cuando un transportista denunció haber sido extorsionado reiteradas veces por personal de la Sección Vial Sampacho. Posteriormente, otras dos denuncias similares reforzaron la acusación.
En los operativos simultáneos realizados en Córdoba, San Juan, Salta, Catamarca y Santa Fe se secuestraron teléfonos, documentación y dispositivos electrónicos. A los gendarmes que no fueron detenidos se les notificó su imputación formal.
Las pruebas recolectadas incluyen escuchas, registros de vigilancia y operaciones encubiertas realizadas por la Dirección de Asuntos Internos de la propia fuerza, que permitieron reconstruir la red de sobornos y las rutas del dinero.
