El Medanito: Gigena defendió la denuncia ante la FIA y advirtió por el método de cálculo de regalías

La presentación de la diputada provincial Noelia Sosa ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por la licitación del área hidrocarburífera El Medanito abrió un nuevo capítulo en la interna oficialista. Su asesor, el abogado Alejandro Fabián Gigena, explicó los alcances de la denuncia, cuestionó el mecanismo elegido por el Poder Ejecutivo para calcular las regalías y sostuvo que está en juego "el contrato más importante en tiempo y en economía de la provincia de La Pampa".

En una entrevista radial con el periodista Dr. Jorge Nemesio en LU100 Radio Capital, Gigena recordó que integra el equipo técnico que acompaña a Sosa en la mesa de trabajo creada por decreto —hoy con jerarquía de ley— para elaborar el pliego de bases y condiciones del área El Medanito, la principal área petrolera de la provincia. "Yo soy asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados y se me asignan los temas que aparecen como trascendentes o que le preocupan al bloque del Partido Justicialista", indicó.

El abogado remarcó que el área está en plena producción, con 388 pozos activos y otros 100 con potencial productivo, y que la concesión de la actual operadora, Petroquímica, finaliza a mediados del año próximo. De acuerdo con la ley provincial de hidrocarburos, el Poder Ejecutivo debe pedir autorización a la Cámara de Diputados para licitar, paso que se dio el año pasado con la sanción de la norma que fijó los parámetros centrales del futuro contrato.

"Esa ley dijo algo muy claro: la producción de los pozos ya hechos y en producción paga 20% de regalías, y la producción nueva de los pozos que haya que perforar paga 15%", sintetizó. La mesa de trabajo debía ajustar el pliego a esos lineamientos.

Según Gigena, el núcleo del conflicto es el sistema que el Ejecutivo impulsó para distinguir la producción "básica" (vieja) de la "incremental" (nueva). En lugar de medir en forma directa lo que produce cada pozo, se optó por usar un software de proyección —identificado como "SARA"— que simula, a 25 años, la curva de extracción de petróleo y gas y fija de antemano los volúmenes que tributarán cada alícuota de regalías.

"El pliego reconoce que crea un escenario, no mide", subrayó. "Estamos diciendo que se va a usar para calcular los ingresos algo que no está aprobado, que no tiene ninguna aprobación normativa y que además tiene datos ficticios".

Gigena sostuvo que el programa toma como base, entre otros parámetros, la certificación de reservas 2024 y las producciones de los últimos años. Cuestionó ambos insumos. Por un lado, afirmó que la Secretaría de Energía y Minería provincial no completó en los últimos tres años el trámite de certificación ante la Secretaría de Energía de la Nación, pese a que el pliego menciona "reservas certificadas". Por otro, advirtió que las curvas de producción empleadas reflejan una merma pronunciada en los últimos dos años y medio, atribuible a la decisión de la concesionaria saliente de reducir inversiones al final del contrato.

"Eso no es la realidad del área", planteó. "La producción viene siendo sostenida en los últimos doce, catorce años y empieza a decaer recién en los últimos dos años y medio porque la empresa dejó de invertir. Si uno proyecta como si el yacimiento no produjera, termina diciendo que en cinco años sólo el 25% de lo que hoy producen los pozos va a pagar el 20% de regalías y en diez años apenas el 7%. O el área es absolutamente inviable económicamente o algo anormal pasa".

Frente a ese esquema, Sosa y su asesor propusieron en la mesa de trabajo aplicar caudalímetros multifásicos —equipos que miden en boca de pozo los volúmenes de petróleo, gas y agua— para separar con precisión la producción vieja de la nueva. "La ley manda medir. Y para medir hay que usar un método de medición", graficó Gigena. Señaló que esos instrumentos cuentan con aprobación de normas nacionales e internacionales y que su costo ronda entre 3,5% y 5,5% de la inversión de cada pozo, "ínfimo para lo que está en juego".

Contó además que, en una nota interna, los representantes del Ejecutivo reconocieron por escrito que el margen de error de esos caudalímetros es de alrededor del 10% para petróleo y del 8% al 12% para gas, pero que en la última reunión de la mesa el secretario de Energía y Minería dejó asentado en acta que la propuesta de Sosa implicaba "un 40% de error". "Para alguno que tenía dudas, eso define la votación. Pero un mes antes habían firmado otra cosa", cuestionó.

La mesa de trabajo terminó su tarea el martes pasado. Por mayoría, con el acompañamiento de los representantes del radicalismo, del PRO y del oficialismo, se avaló el sistema impulsado por el Ejecutivo. La diputada Sosa se opuso, dejó su voto en disidencia y anticipó que haría una presentación ante la FIA, además de "reservarse el derecho" de promover acciones penales por eventual defraudación o malversación de caudales públicos. La representante justicialista María Luz Alonso —también integrante de la mesa— estuvo ausente en la votación y en el debate técnico, según detalló Gigena.

Este jueves, mientras el gobernador Sergio Ziliotto firmaba el decreto que autoriza el llamado a licitación nacional e internacional —cuyo aviso se publicará el 9 de diciembre—, Sosa y Gigena ingresaron la denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, acompañados por un tercer integrante de su equipo. Allí pidieron "preferente trámite" y la designación de un perito para analizar el esquema de medición.

"Pedimos que se investigue. El llamado a licitación seguramente va a seguir, porque el llamado en sí no obliga a nada, la obligación nace con la adjudicación y la firma del contrato", explicó el abogado. De todos modos, abrió la puerta a nuevas presentaciones: "Está planteada y expresada la reserva de dar intervención a la justicia penal. Es una posibilidad que se analiza".

Gigena insistió en la magnitud del proceso en discusión. "Este contrato es el más importante en monto y en tiempo de la provincia. Están en juego los intereses económicos de más de dos generaciones de pampeanos", afirmó. Y marcó que, para él, la discusión excede las alineaciones internas: "Primero somos pampeanos y después somos justicialistas de La Pampa. No entra en juego la política, sino el bienestar de los pampeanos".

La FIA, a cargo del fiscal Juan Carlos Carola —actualmente de licencia—, deberá ahora evaluar la denuncia, requerir documentación al Poder Ejecutivo y definir si activa medidas de prueba y, eventualmente, si da intervención a la justicia penal. Según relató el asesor, fueron recibidos por la fiscal adjunta, a quien le expusieron los principales puntos técnicos y la urgencia de una definición. "Tenemos muchas expectativas de que, ante el pedido de celeridad, se aceleren los tiempos", concluyó.