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EL DIARIO digital
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La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó una ley que desató un torbellino político y social: a partir de ahora, los policías civiles podrán recibir una bonificación económica cuando confisquen armas de alto calibre o "neutralicen" delincuentes. El proyecto, respaldado por una amplia mayoría, deberá ser promulgado en los próximos 15 días por el gobernador Claudio Castro, aliado de Jair Bolsonaro.
La polémica no tardó en explotar. Defensores de los derechos humanos denunciaron que la medida convierte la violencia en política pública. "Incentiva la violencia y transforma la muerte en política de Estado", escribió en X el diputado federal Henrique Vieira, quien sentenció: "La seguridad no se logra mediante la barbarie".
La ley prevé que los agentes reciban entre un 10% y un 150% de su salario como premio por estas acciones, un esquema que recuerda al tristemente célebre "bono del Lejano Oeste" de los años 90, eliminado en 1998 tras multiplicar las muertes en operativos policiales.
Las críticas se enfocan en los riesgos de abrir la puerta a ejecuciones sumarias. "Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero", advirtió el abogado Djeff Amadeus, del Instituto de Defensa de la Población Negra, subrayando que la población afrodescendiente es la principal víctima de la violencia policial en el estado.
Solo en 2024, 703 personas murieron en Río durante intervenciones de las fuerzas de seguridad, casi dos por día, aunque con una baja del 19% respecto de 2023. Aun así, las cifras son demoledoras y marcan un escenario donde las favelas siguen siendo el epicentro de los operativos letales.
La reforma de la Policía Civil, que en teoría debía fortalecer la investigación frente a la represión militar, terminó convertida en un debate candente: para algunos, un espaldarazo a la mano dura; para otros, un incentivo perverso que podría extenderse a toda la fuerza policial y escalar en una tragedia de dimensiones aún mayores.