País

Revolución Federal: la Justicia puso fecha para revisar los procesamientos

Fueron apelados por las defensas de los cuatro imputados y ahora los revisará la sala I del Tribunal de Apelaciones, integrada por Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia. La audiencia será el próximo 23 de noviembre.

Escuchá esta nota

EL DIARIO digital

minutos

Todos llegan a esta instancia en libertad por decisión de los mismos jueces que ahora analizarán las apelaciones contra los procesamientos dictados por el magistrado de primera instancia, Marcelo Martínez de Giorgi.

La Cámara Federal convocó para el 23 de noviembre próximo a una audiencia para tratar los recursos de los cuatro procesados de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Se trata de los procesamientos contra Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, por integrar una organización que busca "imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", y de Sabrina Basile, por apología del delito.

Los tres primeros podrían ser condenados a penas de hasta ocho años de cárcel, en tanto que Basile sólo sería pasible de una pena de un año, generalmente en suspenso.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi convocaron a las partes pero aún no está definido si la audiencia será presencial o por vía remota.

La defensa de Morel, a cargo del abogado Nilo Medina, alegará por Zoom, en tanto que la de Basile, en manos de Gustavo Romano Duffau, presentará "breves notas" por escrito.

Los imputados, todos excarcelados por decisión de la Cámara, tienen derecho también a hablar ante los jueces.

Según el procesamiento dictado en primera instancia, los integrantes de Revolución Federal "atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho".

"Tanto por redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio", concluyó Martínez de Giorgi.

Además, les trabó embargos a todos hasta cubrir la suma de nueve millones de pesos.

También te puede interesar...