Polémico fallo por fumigaciones: absolvieron a productores y condenaron a un municipio

El histórico y prolongado litigio penal por las fumigaciones con agroquímicos en los márgenes urbanos de Pergamino llegó a su fin en los tribunales de Rosario, dejando un veredicto que promete encender intensos debates jurisprudenciales y políticos en el sector. El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió absolver a la totalidad de los productores agropecuarios, ingenieros y aplicadores sentados en el banquillo, mientras que concentró el peso de la culpabilidad penal de manera exclusiva en los funcionarios de la estructura municipal encargados de fiscalizar las pulverizaciones.

El fallo, dictado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario, abordó un denso expediente iniciado por denuncias presentadas entre 2011 y 2019 por vecinos del cordón rural de Pergamino, quienes reportaron graves afecciones de salud, contaminación en las napas de agua y hechos de intoxicación crónica. A pesar de que la fiscalía federal a cargo de Federico Reynares Solari y las querellas habían solicitado penas de hasta cuatro años de prisión efectiva, inhabilitaciones comerciales e incluso el decomiso de campos y maquinaria pesada, el tribunal consideró que el umbral de certeza exigido por el derecho penal no fue superado respecto a los actores productivos. Amparados en la "estricta aplicación del principio de la duda" (in dubio pro reo), los magistrados exculparon a los chacareros Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Roces y los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, así como al ingeniero agrónomo José Luis Grattone y al fumigador Cristian Taboada.  

Fiscales

La contracara del veredicto recayó sobre el poder político local. El tribunal dictó una condena de dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos contra Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, ex titulares de la Dirección de Ambiente Rural del municipio de Pergamino. Ambos fueron hallados culpables por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en la modalidad de omisión deliberada. Según los fundamentos judiciales, los técnicos demostraron una "ausencia de controles eficaces" respecto a la aplicación de biocidas, violando sistemáticamente la Ordenanza Municipal N°8126/14, que prohíbe las fumigaciones terrestres a menos de 100 metros de zonas habitadas. Para el tribunal, los funcionarios contaban con la idoneidad y el conocimiento técnico suficiente para evitar el daño, por lo que su inacción no constituyó una mera imprudencia aislada, sino una conducta sistémica que estuvo "en las antípodas de lo esperado para un funcionario público".

Sin embargo, la resolución no detuvo allí la cadena de responsabilidades estatales. Al considerar que Tocalini y Naranjo operaban en los eslabones operativos más bajos de la toma de decisiones, el Tribunal de Rosario solicitó formalmente al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás que abra una investigación penal separada sobre el accionar del intendente de Pergamino y de otros altos funcionarios de la planta política ejecutiva durante todo el período bajo proceso. Asimismo, los jueces ratificaron que las estrictas medidas cautelares dictadas en 2019 —que restringen las aplicaciones aéreas y terrestres a más de mil metros del casco urbano— se mantendrán vigentes de forma estricta hasta tanto quede firme la resolución definitiva del litigio, asegurando un blindaje de protección ambiental que continuará condicionando la actividad agrícola de la zona.