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EL DIARIO digital
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Un contundente fallo judicial volvió a poner en la mira la parálisis de la obra pública y la falta de mantenimiento en la red vial nacional. El Juzgado Federal de Venado Tuerto ordenó al Estado Nacional implementar de forma "inmediata y urgente" un plan de reparación integral para las rutas 7, 8 y 33 a su paso por el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe.
La resolución fue dictada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa a raíz de una acción de amparo impulsada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio. En su dictamen, el magistrado remarcó que las malas condiciones de las trazas no representan un simple problema de infraestructura, sino una amenaza directa a derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la salud y la libre circulación de los ciudadanos.
El fallo dejó expuesto el vaciamiento de la inversión estatal en materia vial. En el caso de la Ruta Nacional 33, la propia Dirección Nacional de Vialidad (DNV) admitió en el expediente el estado crítico de la traza, caracterizado por profundas grietas, ahuellamientos y baches. Aunque el tramo había sido adjudicado a la empresa Rovial S.A., los trabajos quedaron completamente frenados luego de que la Casa Rosada congelara el envío de las partidas presupuestarias necesarias.
Una situación similar se constató en los corredores de las rutas 7 y 8, bajo concesión de Corredores Viales S.A. En la Ruta 8, Vialidad Nacional había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de la firma concesionaria, la cual solo acreditó tareas mínimas en un tramo de tres kilómetros, un despliegue considerado insuficiente por el juzgado.
Ante la defensa oficial, que intentó justificarse tras los procesos de reestructuración y el traspaso a la Red Federal de Concesiones, el juez Cuello Murúa aclaró de forma tajante que la reorganización administrativa del Gabinete o el cambio de empresas no liberan al Estado Nacional de sus deberes de conservación.
En consecuencia, la resolución intimó a la Casa Rosada a garantizar la "transitabilidad plena" y la seguridad en estos corredores, ya sea de forma directa mediante la DNV o exigiendo el cumplimiento efectivo a las empresas privadas del sector.
