Respuesta de la UOM al fallo judicial: "Los mismos jueces que avalaron la reforma laboral de Milei"
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EL DIARIO digital
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La tregua que algunos sectores del sector público nacional creían haber alcanzado de cara al invierno duró poco. Tal como lo venía anticipando el presidente Javier Milei, la administración libertaria mantiene encendida la motosierra y ya planifica un nuevo e intenso capítulo de achicamiento en la estructura estatal. El ejecutor del plan vuelve a ser Federico Sturzenegger, cuya área ya puso en marcha un sigiloso pero sistemático despliegue técnico sobre cada uno de los ministerios con un objetivo directo: pasar el peine fino sobre las dotaciones vigentes.
Según trascendió en los pasillos de la Casa Rosada, funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación comenzaron a desembarcar en las diferentes carteras para auditar, bajo el método de presencialidad, cuántas personas se desempeñan en cada oficina, qué funciones cumplen y si es estrictamente necesaria su permanencia. La premisa de máxima que maneja el ex titular del Banco Central es tan simple como drástica: corroborar si las tareas corrientes de la administración pública se pueden ejecutar con una cantidad considerablemente menor de personal.
Optimismo oficial y fantasma de parálisis
En la cúspide del oficialismo hay confianza respecto al cumplimiento de las severas metas de ajuste fiscal fijadas para la segunda mitad del año. Sin embargo, el entusiasmo de la primera línea no es unánime en los despachos ministeriales. Algunos funcionarios que lidian con el día a día de la gestión admiten, por lo bajo, que una nueva tanda de desvinculaciones masivas terminará por generar serios cuellos de botella y severas dificultades para operativizar las políticas públicas más elementales.
A este escenario de incertidumbre por la estabilidad laboral se le suma una realidad que carcome los bolsillos en los pasillos estatales: la constante pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación. Desde los sectores gremiales advierten que la combinación de sueldos licuados y la amenaza de despidos inminentes configuran un cóctel explosivo.
Los gremios declaran la guerra
La respuesta de los sindicatos no se hizo esperar ante la confirmación del nuevo plan de poda oficial. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), comandada por Rodolfo Aguiar, salieron a marcar la cancha de inmediato prometiendo dar batalla y visibilizar los conflictos en todas las áreas de cara a la última parte del año. "No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar", sentenció el jefe sindical, quien además supeditó la paz social a la reapertura inmediata de las paritarias sectoriales.
Por su parte, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, adoptó una postura de extrema preocupación frente al violento esquema de ajuste. Fuentes del gremio denunciaron que la administración central ya barrió con miles de agentes que contaban con más de una década de antigüedad y una sólida formación técnica, a pesar de haber aprobado con comodidad las evaluaciones de idoneidad que el propio Ejecutivo les impuso. Para el sindicato mayoritario, el plan de la gestión libertaria excede la búsqueda de eficiencia y roza directamente la destrucción de un andamiaje estatal que debiera garantizar la contención social en plena recesión.
