"Reformas regresivas": CAME rechazó los cambios tributarios del FMI y pide un "nuevo consenso fiscal"
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación de los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La decisión oficial busca moderar el traslado de precios a los surtidores y evitar que la suba del petróleo a nivel global —que ronda los u$s 100 por barril debido a los conflictos en Medio Oriente— impacte de lleno en los costos de transporte y logística, rubros que se trasladan de forma directa al bolsillo de los consumidores.
Prórroga hasta julio
La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 405/2026, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
La norma modifica el esquema previo establecido en 2025 y extiende hasta el 30 de junio el diferimiento de las actualizaciones impositivas que gravan a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. De esta manera, los incrementos remanentes correspondientes a los períodos de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 recién comenzarán a regir a partir del 1 de julio de 2026.
"La decisión se adopta con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", justificó el Poder Ejecutivo en los considerandos de la medida.
El rol de ARCA y el IPC
Los impuestos sobre los combustibles líquidos se actualizan por ley de forma trimestral, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC. Sin embargo, el Gobierno viene utilizando la estrategia de la postergación total o parcial de estos tributos para pisar los precios finales en las estaciones de servicio.
La aplicación y administración de esta actualización impositiva está a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Con este nuevo aplazamiento, el Ejecutivo vuelve a apelar al diferimiento fiscal como un dique de contención para evitar una mayor presión sobre un rubro clave, cuya suba tiene la capacidad de indexar de forma automática al resto de los precios de la economía.
