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EL DIARIO digital
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La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal que operaba una red de clínicas clandestinas, farmacias ilegales y falsas ambulancias en distintas localidades de La Matanza. Durante los operativos fueron detenidas 29 personas y se secuestraron medicamentos e insumos médicos valuados en más de 80 millones de pesos.
La investigación estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal y se originó en febrero de este año por orden de la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere.
Según informaron, la banda estaba vinculada originalmente a hechos de piratería del asfalto y habría utilizado dinero proveniente de actividades ilícitas para montar una supuesta empresa de medicina prepaga denominada "Argentina Salud".
De acuerdo con la pesquisa, la organización funcionaba sin habilitaciones legales y utilizaba falsos médicos, farmacéuticos y camilleros para atender a vecinos en consultorios clandestinos distribuidos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning.
Tras reunir pruebas, el Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza ordenó 13 allanamientos simultáneos en los que fueron detenidos integrantes de la estructura, incluidos responsables administrativos, sanitarios y logísticos.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron siete vehículos ploteados como ambulancias, armas de fuego, municiones, 286 sellos de profesionales de la salud, recetarios médicos, 3.200 historias clínicas, computadoras, celulares y abundante documentación.
Además, se decomisaron medicamentos e insumos pertenecientes a las farmacias clandestinas valuados en aproximadamente 80 millones de pesos.
Uno de los allanamientos que más preocupación generó se realizó en un inmueble de Virrey del Pino, donde los investigadores encontraron restos de medicamentos parcialmente quemados y excavaciones sospechosas en distintos sectores del terreno.
Ante esa situación, intervino personal especializado en delitos ambientales, búsqueda de evidencia y canes de bomberos de la Policía Federal. Aunque no se hallaron restos humanos, la Justicia ordenó nuevas medidas para determinar si existió ocultamiento de pruebas.
En paralelo, pacientes y vecinos comenzaron a presentarse espontáneamente para denunciar presuntos casos de mala praxis y tratamientos realizados por personas sin título habilitante.
Los investigadores sostienen que la organización montó una estructura sanitaria irregular para blanquear dinero proveniente de actividades delictivas, simulando prestar servicios médicos a personas de bajos recursos.
La Justicia ahora intenta determinar el alcance patrimonial de la maniobra y establecer si existen más víctimas vinculadas a la falsa prepaga.
Cómo operaban
A medida que avanza la incorporación de pruebas al expediente se van conociendo detalles de cómo operaba la clínica involucrada, De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, las consultas se cobraban entre 20 y 30 mil pesos según especialidad.
Las denuncias también refieren que los médicos no usaban computadoras para no dejar registros de las consultas, se manejaban siempre con recetas hechas en papel y, a veces, hasta entregaban el medicamento directamente del cajón del escritorio del médico.
Además, la clínica trabajaba con establecimientos educativos de la zona, como la Escuela Teresa de Calcuta, que tenía un seguro médico que los padres pagaban 60.000 pesos al mes. De esta manera, si había un alumno en emergencia se lo trasladaba a la sede de González Catán.
"Gracias a Dios nunca me tocó vivir una emergencia ahí", dijo a Clarín una madre de dicha escuela que prefirió reservar su nombre. La mujer contó que esta mañana recibió un mensaje de las autoridades del colegio sobre las medidas a tomar ante esta situación. "hay alrededor de todo el barrio más de 10 escuelas estatales, incluidos jardín, primaria y secundaria", agregó.
La investigación
En diciembre de 2025 la secretaria de la médica Romina Neira recibió un llamado de una colega que le comentó que el sello de Romina figuraba en unos certificados médicos investigados por un fiscal de La Matanza.
Esos sellos la asociaban como "médica clínica". Romina, que es médica esteticista y nunca trabajó en La Matanza, pidió que le enviaran los certificados por WhatsApp. Tras verlos se dio cuenta de que le habían falsificado el sello y la identidad. Y que la clínica que lo hacía se llamaba "Argentina Salud".
"Busqué el teléfono y el mail, y mandé una carta documento a este lugar. Me respondió el coordinador: Alberto Santarceri, que me dijo que supuestamente no había ninguna persona con mi nombre que hubiera trabajado en ese lugar, pero que igualmente iban a abrir un sumario interno de investigación. Después de ahí nunca supe más nada hasta ahora", dijo Neira en diálogo con Clarín.
La carta documento que mandó Romina destapó algo mucho peor: por lo menos 50 sellos fueron falsificados y se usaban para firmar certificados médicos truchos en esta clínica que operaba de forma irregular. ¿Cómo lo lograron? Sacaron la información de los profesionales de internet.
El fiscal Garate encontró que había varias sedes de Argentina Salud operando en diferentes lugares de La Matanza: una en Virrey del Pino, otras dos en González Catán y dos más en San Justo. También una en Canning. Todos locales que atendían 24 horas en todas las especialidades.
La cosa no paraba ahí. Había siete ambulancias que utilizaban y no estaban habilitadas. Cuando se trató de constatar quiénes estaban a cargo de esta clínica se descubrió que Alberto Rubén Santarceri (57), el dueño y encargado, tenía antecedentes penales. Más precisamente fue condenado por un homicidio.
Su mano derecha, Gabriel Musse (48), también cumplió una condena por homicidio. Ese crimen estaría vinculado con una banda de piratas del asfalto, pero no hay pruebas de que ellos dos formaran parte de la misma.
Cinco años atrás, luego de cumplir la pena, Santarceri y Musse abrieron la clínica en Virrey del Pino. Después se extendieron con otras sucursales muy amplias.
Con las pruebas presentadas, el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del juez Rubén Ochipinti, autorizó trece allanamientos en total entre domicilios particulares, diferentes establecimientos donde se atendía a los pacientes y las farmacias donde se vendían medicamentos robados. Se cree que también bajo la modalidad de piratería del asfalto. Es decir, atacar transportes de droguerías para hacerse de la mercadería y comercializarla en el mercado negro.
Antes de los allanamientos ya se había ordenado la detención de cinco personas por "asociación ilícita, ejercicio ilegal de la vecina, venta ilegal de medicamentos, usurpación de títulos". A Santarceri y Musse se sumaron la esposa de Santarceri, Noelia Sofía Edith Luna (45) y sus hijos Brian Marcelo Santarceri (31) y Nicolás Alberto Santarceri (35).
En la sede de San Justo, fuentes de la investigación detallaron que una persona se presentaba como médico pero que en realidad era un ciudadano cubano que tenía la documentación en trámite y en el cajón de su escritorio llevaba el sello truchado de un médico profesional.
