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EL DIARIO digital
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El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia ante la Justicia Federal solicitando que se investigue la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país. Según el escrito, estas operaciones estarían presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y tendrían el potencial de impactar en el debate público y el funcionamiento institucional. La presentación, realizada este viernes 3 de abril vía correo electrónico, reclama evaluar si estas actividades, que habrían involucrado una red con financiación externa para influir en la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.
El impulso a la causa se fundamenta en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional. Según el documento oficial del organismo, fechado el 2 de abril de 2026 y citado por Monastersky, ya se informó a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada "La Compañía". Esta red estaría integrada por ciudadanos rusos, contaría con recursos internacionales y nexos en Argentina.
"La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional", sostuvo el letrado, subrayando que la gravedad de los hechos impone una investigación judicial inmediata.
Para la presentación, el abogado recopiló investigaciones publicadas por openDemocracy y otros medios internacionales que alertaron sobre una red financiada por Moscú. Uno de los puntos destacados es la identificación de una estructura que habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos en territorio argentino. El objetivo sería modular el debate social a través del presunto pago a medios, editores o periodistas que lograron filtrar publicaciones sin conocimiento de las empresas para las que trabajan.
El escrito solicita que la Justicia esclarezca si existió entrega de pagos o contraprestaciones, proponiendo identificar intermediarios y beneficiarios, además de solicitar informes a ARCA por movimientos financieros relevantes. También exige determinar el grado de participación consciente de los involucrados, diferenciando entre quienes fueron inducidos y quienes fueron partícipes informados.
La denuncia advierte que estas operaciones pueden incidir directamente en la "formación de la voluntad del electorado", especialmente en períodos electorales, afectando la transparencia y la integridad del sistema democrático. Monastersky advierte que el fenómeno representa una amenaza directa al sistema democrático argentino y no una simple dinámica comunicacional.
Finalmente, el abogado pidió al tribunal que ordene medidas técnicas, incluyendo el análisis de patrones de difusión digital por parte de la DATIP y la consulta con plataformas digitales. También exigió la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal para preservar los intereses estratégicos del país ante la probable injerencia de una estructura operativa internacional en el entorno mediático nacional.
