A 50 años del golpe, el modelo económico que aún marca a la Argentina

A medio siglo del 24 de marzo de 1976, las huellas del terrorismo de Estado en la Argentina no se limitan a las cicatrices sociales y los juicios por delitos de lesa humanidad. El plan sistemático de represión tuvo un correlato directo en una reconfiguración profunda del esquema productivo y financiero del país. Aquel programa económico, diseñado por José Alfredo Martínez de Hoz bajo el amparo de la Junta Militar, sentó las bases de problemas estructurales que, con diferentes matices, persisten en la macroeconomía actual.

El quiebre del modelo de sustitución de importaciones fue el primer paso de una estrategia que buscaba disciplinar a la clase trabajadora no solo mediante la fuerza, sino a través del mercado. Con la apertura comercial indiscriminada y la reforma financiera de 1977, la Argentina pasó de ser un país con un fuerte perfil industrial a una economía centrada en la valorización financiera. Se privilegió la renta especulativa por sobre la inversión productiva, lo que provocó el cierre de miles de fábricas y un retroceso tecnológico del que muchos sectores nunca se recuperaron.

Uno de los legados más pesados de aquel período fue la explosión de la deuda externa. Al inicio del golpe, el compromiso financiero del país era manejable; para 1983, se había multiplicado por seis. Este proceso alcanzó su punto más crítico en 1982, cuando el Banco Central de la República Argentina, bajo la gestión de Domingo Cavallo, implementó un sistema de seguros de cambio que terminó transfiriendo las deudas en dólares de las principales empresas privadas al Estado Nacional.

Esta maniobra, que significó la estatización de una deuda privada estimada en 15.000 millones de dólares, benefició a los grupos económicos más potentes del país. Entre los casos más emblemáticos se encuentran el Grupo Macri (SOCMA), que licuó pasivos de firmas como Sevel y Sideco Americana; el Grupo Techint, a través de Dalmine Siderca; y el Grupo Pérez Companc. También se acogieron al beneficio grandes firmas como Acindar, Alpargatas, Celulosa Argentina y la papelera Ledesma, además de filiales de transnacionales como Ford Motor Argentina, IBM y Esso.

Esta nacionalización del déficit privado no solo multiplicó la deuda pública, sino que consolidó una estructura de concentración de riqueza que marcó las décadas siguientes. En La Pampa, el impacto se sintió en la desarticulación de las economías regionales y en la pérdida de peso de las pequeñas y medianas empresas frente a la concentración de la tierra y el capital. El modelo agroexportador se consolidó como el único motor dinámico, bajo una lógica de exclusión que fomentó la precarización laboral.

A 50 años de aquel quiebre institucional, entender la economía de la dictadura es clave para debatir el presente. La primarización de las exportaciones, la fuga de capitales y la dependencia del financiamiento externo son fenómenos que encuentran su raíz en aquellas políticas de finales de los años 70. Recordar el golpe implica también analizar cómo aquel diseño económico transformó la estructura social argentina, dejando una matriz de endeudamiento que sigue siendo el gran desafío de la dirigencia contemporánea.