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EL DIARIO digital
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El uso de ahorros previos y el endeudamiento bancario se han convertido en estrategias estructurales para los hogares inquilinos en Argentina. Según un análisis de la organización Tejido Urbano, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el porcentaje de familias que alquilan y no recurren a ninguna estrategia financiera cayó del 53,5% en 2022 al 47% en 2025.
Esta tendencia refleja un proceso de empobrecimiento relativo, donde el grupo que logra equilibrar ingresos y gastos sin asistencia externa se reduce de manera constante. El "desahorro" —utilizar ahorros para pagar el costo de vida cotidiano— creció del 35,6% en 2022 al 42% en 2024, mostrando una leve estabilización en el 39,6% durante el último año.
El avance del crédito bancario
Uno de los datos más alarmantes del informe es la creciente dependencia del financiamiento institucional. La proporción de hogares inquilinos que accedió a préstamos bancarios aumentó del 10,6% en 2022 al 18,1% en 2025. Esto introduce nuevas presiones financieras sobre las economías domésticas debido a las tasas de interés y los plazos de repago.
Por otro lado, los préstamos familiares o informales se mantienen como un recurso recurrente, alcanzando al 19,4% de los encuestados en el último registro. En total, el porcentaje de hogares que optó por algún tipo de préstamo (formal o informal) subió del 29,2% al 37,4% en el periodo analizado.
Impacto en el AMBA y CABA
La presión económica es más aguda en los grandes centros urbanos debido a los elevados costos habitacionales. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), solo el 40,9% de los inquilinos llega a fin de mes sin recurrir a ahorros o crédito. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la situación es más crítica: el grupo que no utiliza estrategias financieras se desplomó del 58,6% al 38,1%.
Desde Tejido Urbano explicaron que se observa un "viraje progresivo desde esquemas orientados a la amortiguación de shocks hacia dinámicas apoyadas en el financiamiento institucional". El informe concluye que este escenario compromete la sostenibilidad de las familias en sus viviendas y evidencia un "desacople" entre los ingresos laborales y la evolución del costo de vida.
