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EL DIARIO digital
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La bandera del superávit financiero que agita el Ministerio de Economía tiene un reverso poco difundido: la retención récord de fondos que pertenecen a las provincias. Según datos oficiales procesados por la consultora Politikón Chaco, al 22 de febrero los giros por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) han sido inexistentes, profundizando un esquema de asfixia que ya marcó el ejercicio anterior.
Lejos de ser una distribución equitativa basada en emergencias, el reparto de los ATN se ha convertido en un termómetro de la obediencia política. El balance de 2025 es revelador: de un fondo total de $948.036 millones, el Gobierno nacional solo distribuyó el 21,9%, quedándose con una cifra histórica de $740.536 millones para engrosar las cuentas del Tesoro.
La selectividad es quirúrgica. Mientras distritos opositores como La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego terminaron el año con "cero pesos" en transferencias, los fondos fluyeron hacia quienes mostraron sintonía parlamentaria. El caso más emblemático es el de Tucumán, que lideró el reparto con $35.000 millones tras la alianza del gobernador Osvaldo Jaldo con la Casa Rosada. En la misma línea, provincias como Misiones, Salta y Entre Ríos recibieron giros significativos en momentos clave de negociaciones legislativas.
Enero y febrero: grifo cerrado
El primer bimestre de 2026 sigue la misma lógica de "ancla" fiscal. En enero, de un fondo disponible de $92.071 millones, solo se ejecutó el 7,6% ($7.000 millones), repartidos sugestivamente entre Chubut ($4.000 millones) y Corrientes ($3.000 millones). En febrero, la ejecución es directamente nula, coincidiendo con el debate de reformas sensibles en el Congreso donde el Ejecutivo busca votos a cambio de oxígeno financiero.
Un retroceso histórico
La comparación con años anteriores deja al descubierto la discrecionalidad de la gestión actual. Mientras que en 2023 se distribuía casi el 78% del fondo disponible para atender desequilibrios provinciales, hoy la Casa Rosada utiliza esos recursos como una reserva propia.
Esta subejecución deliberada no solo afecta la capacidad de respuesta de las provincias ante catástrofes o crisis financieras, sino que consolida un modelo donde el federalismo fiscal ha sido reemplazado por una relación de "premio y castigo" sujeta a las necesidades de la caja nacional.
