Final de una era: cerró la histórica fábrica FATE y hay 920 nuevos despidos
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EL DIARIO digital
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Lo que parecía el cierre definitivo de un emblema industrial dio un vuelco inesperado este miércoles pasado el mediodía. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dispuso la conciliación obligatoria por el término de 15 días en el conflicto entre la fabricante de neumáticos FATE y el gremio SUTNA.
La resolución oficial ordena "retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto", lo que en términos prácticos significa que los 920 despidos anunciados quedan sin efecto y la empresa no podrá avanzar con el cierre de la planta de Virreyes durante las próximas dos semanas.
Toma pacífica y tensión en la planta
La decisión del Gobierno nacional llegó mientras cientos de operarios protagonizaban una ocupación pacífica de las instalaciones en San Fernando, tras el anuncio sorpresivo de la familia Madanes Quintanilla de bajar las persianas. Durante la mañana, el predio estuvo rodeado por la Policía Bonaerense, que se retiró tras conocerse la medida administrativa.
"La única forma de solucionar esto es que la empresa vuelva a producir", afirmaron delegados sindicales desde adentro de la planta. A pesar de la conciliación, los trabajadores confirmaron que se sumarán al paro previsto para mañana, aunque aclararon que será "sin movilización" para custodiar las máquinas y los puestos de trabajo.
Un conflicto con historial
La Secretaría de Trabajo recordó que la crisis de FATE no es nueva: la firma ya había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis en 2024 y había firmado acuerdos de reorganización de turnos y salarios en mayo de 2025 para intentar sobrevivir a la caída de ventas.
Sin embargo, el agravamiento de la situación económica y la falta de acuerdo con el gremio respecto a las nuevas condiciones laborales llevaron a la patronal a la decisión drástica de este martes, que ahora queda suspendida legalmente.
¿Qué pasará en 15 días?
Durante este periodo de "tregua" forzada, las partes están obligadas a sentarse a negociar bajo la supervisión del Estado. El objetivo oficial es preservar la actividad y el empleo, aunque la empresa mantiene su postura sobre las "asimetrías escandalosas" frente a la importación y los altos costos operativos que harían inviable la continuidad sin un cambio estructural profundo.
