Tras el revuelo, darán marcha atrás con el recorte salarial para enfermedades graves
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EL DIARIO digital
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La CGT llega a la reunión de su Consejo Directivo de este lunes con una certeza que cambia el escenario político: el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei tendrá un acatamiento masivo gracias a la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El acuerdo se cerró este último sábado tras un contacto directo entre los líderes de la central y la cúpula de los choferes. A diferencia de la huelga de abril, donde la UTA se mantuvo al margen por una conciliación obligatoria, esta vez el gremio de Roberto Fernández confirmó que acompañará la medida: "Si la CGT decide un paro, acompañaremos", adelantaron a la prensa.
El transporte como llave del paro
La decisión de los colectiveros se alinea con la postura de La Fraternidad y la CATT, asegurando que el país quedará virtualmente paralizado el día en que la Cámara de Diputados se siente a debatir la reforma laboral. Sectores más duros del sindicalismo ya proponen que esta no sea una medida aislada, sino el comienzo de un plan de lucha progresivo con huelgas por sectores.
El detonante: el recorte en las licencias
Si bien la CGT logró proteger el financiamiento de las obras sociales en las negociaciones previas, el malestar interno se disparó por el sorpresivo cambio en el Artículo 208 votado en el Senado. Este punto establece que el pago durante las licencias por enfermedad o accidente ajeno al trabajo deje de ser del 100% para pasar a escalas de entre el 50% y el 75%.
Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió el ajuste como una herramienta contra la "mafia de los certificados truchos", aunque el costo político de la medida forzó al Gobierno a analizar "parches" de último momento para casos de enfermedades graves.
Unidad en la acción
El adelantamiento de la reunión de la CGT para hoy responde a la posibilidad de que el oficialismo sesione este mismo jueves 19. El objetivo es consolidar una "huelga contundente" que presione a los bloques dialoguistas del PRO y partidos provinciales para que introduzcan cambios en el texto o lo rechacen de plano por inconstitucional.
