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EL DIARIO digital
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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó una propuesta al ministro de Economía, Luis Caputo, para que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a reducir las multas establecidas en la recientemente aprobada Ley de Inocencia Fiscal.
El planteo fue realizado mediante una nota formal en la que la entidad solicitó que, en el marco de las facultades del Ministerio de Economía, se dicten normas complementarias que morigeren el impacto de las sanciones previstas en la ley, a través de una reducción porcentual de los importes fijados.
En el texto, CAME propuso que la adecuación de las multas contemple la capacidad económica de los contribuyentes, con el objetivo de "preservar el entramado pyme federal y promover su desarrollo". La iniciativa apunta a los artículos que regulan sanciones dentro del nuevo régimen, cuyos valores fueron incrementados de manera significativa respecto del esquema anterior.
Se trata del segundo pedido que la organización empresaria eleva sobre este tema. El primero había sido presentado el 26 de diciembre, cuando advirtió sobre el impacto que los montos de las multas podían generar en las pequeñas y medianas empresas.
El esquema de reducción propuesto
Según detalló la entidad, el planteo contempla una segmentación por tamaño de contribuyente, con las siguientes reducciones en las multas previstas:
Microempresa y persona humana (que no califique como gran contribuyente individual): 90%.
Pequeña empresa: 70%.
Mediana empresa tramo I: 40%.
Mediana empresa tramo II: 20%.
CAME fundamentó el pedido en que las sanciones previstas por la ley se incrementaron hasta 1.100 veces en relación con los valores anteriores. En ese marco, las multas para personas humanas pueden alcanzar montos cercanos a los 5 millones de pesos, mientras que para personas jurídicas superan los 10 millones.
La Ley de Inocencia Fiscal introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario, a la Ley de Procedimiento Fiscal y al Código Civil y Comercial, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada y un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.
Este último establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para adherir y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales y consumos, mientras que eleva los umbrales para considerar los delitos de evasión simple y evasión agravada.
