La inflación de 2025 será la más baja de los últimos 8 años
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EL DIARIO digital
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El escenario laboral argentino se prepara para una transformación estructural de cara al 2026. Con el objetivo declarado de reducir la informalidad -que afecta a más del 40% de la masa trabajadora- y dinamizar la economía, el oficialismo busca convertir en ley una serie de modificaciones que alteran la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto, denominado por sus impulsores como una "modernización necesaria", genera posiciones encontradas en el arco político, gremial y empresarial.
Entre las medidas centrales, destaca la introducción del Fondo de Cese Laboral, un sistema inspirado en el modelo de la construcción (UOCRA) que reemplazaría las indemnizaciones tradicionales por un fondo acumulativo. Asimismo, se propone una fuerte digitalización de procesos y la creación de un régimen especial para los trabajadores de plataformas digitales.
Los argumentos a favor: competitividad y formalización
Quienes defienden la reforma sostienen que las leyes vigentes resultan anacrónicas para el mercado globalizado. Entre los beneficios proyectados se mencionan:
-Reducción de la litigiosidad: Al establecer montos y mecanismos de salida claros (como el fondo de cese), se busca terminar con la "industria del juicio" que, según cámaras empresariales, asfixia principalmente a las pymes.
-Incentivos para pymes: La ley prevé beneficios impositivos y una simplificación en las multas por falta de registro, lo que facilitaría la regularización de empleados en negro.
-Flexibilidad operativa: El sistema de "banco de horas" y el fraccionamiento de vacaciones permitirían a las empresas adaptar su producción a la demanda estacional sin incurrir en costos extraordinarios.
-Beneficios no remunerativos: Se amplía el listado de prestaciones (vouchers, conectividad, gimnasio) que el empleador puede otorgar sin que estos generen cargas sociales, mejorando el poder adquisitivo sin encarecer el costo laboral.
Los puntos de controversia: ¿precarización o protección?
Desde los sectores sindicales y juristas especializados en derecho del trabajo, la reforma es vista con cautela y, en muchos casos, con abierto rechazo. Las principales críticas señalan:
-Debilitamiento de la ultractividad: El fin de la prórroga automática de los convenios colectivos obligaría a los gremios a negociar desde cero, lo que podría derivar en la pérdida de beneficios adquiridos durante décadas.
-Inestabilidad en el ingreso: El reemplazo de la indemnización por un fondo de cese podría facilitar los despidos, reduciendo la protección contra el despido arbitrario consagrada en la Constitución Nacional.
-Carga sobre el trabajador: El sistema de "banco de horas" podría afectar la vida personal y el descanso de los empleados, al quedar la jornada supeditada a las necesidades de la empresa dentro de ciertos márgenes.
-Justicia social: Algunos sectores alertan que el fomento de figuras como el "colaborador independiente" en plataformas digitales encubre relaciones de dependencia, privando a los trabajadores de aguinaldo, vacaciones pagas y cobertura de salud formal.
El rol de las provincias y el Congreso
La discusión no es solo jurídica, sino también fiscal. Se estima que la reducción de contribuciones patronales y cambios en el impuesto a las ganancias de sociedades incluidos en el paquete laboral podrían afectar la coparticipación federal, generando una nueva tensión con los gobernadores.
El tratamiento parlamentario en 2026 será clave para definir si estas medidas logran el consenso necesario para convertirse en una política de estado o si profundizan la fragmentación del mercado de trabajo.
