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EL DIARIO digital
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El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli ordenó el 11 de diciembre el congelamiento de todos los bienes y activos financieros del exdiputado libertario José Luis Espert. La medida se extendió a su esposa, María Mercedes González, y al hijo de ella, Manuel Iglesias, tras un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez.
El expediente investiga presunto lavado de activos: fondos que, según la hipótesis fiscal, estarían vinculados a una organización liderada por Federico "Fred" Machado, el argentino extraditado a Estados Unidos y acusado en causas de narcotráfico. En un dictamen de 28 páginas, la fiscalía sostuvo que el cruce de declaraciones juradas, registros bancarios, información de ARCA y documentación societaria exhibe una "disparidad estructural" entre ingresos lícitos declarados y la evolución patrimonial.
Para los acusadores, Espert incorporó activos de alto valor inmuebles, vehículos y participaciones en sociedades sin correlato con sus ingresos formales. También marcaron valuaciones cambiantes, omisiones y exteriorizaciones tardías que impiden reconstruir una trazabilidad patrimonial coherente.
La causa retoma un punto central: Machado habría financiado en gran parte la campaña presidencial de Espert en 2019 y, ya en 2020, le habría transferido 200 mil dólares. En ese contexto se halló un contrato por el cual Machado lo habría contratado por un millón de dólares para una supuesta asesoría vinculada a una minera guatemalteca ("Minas del Pueblo"). Espert dijo públicamente que esa asesoría no se concretó, pero admitió haber cobrado 200 mil dólares.
Según la fiscalía, la "presunta ilicitud" de esos 200 mil dólares se habría intentado disimular con el contrato fechado el 7 de junio de 2019 y luego se habría incorporado al circuito local mediante compras. Entre los hechos mencionados figura la adquisición de un inmueble en Beccar en 2019.
Otro eje son las cuentas y las declaraciones. Domínguez indicó que ARCA informó que Espert no declaró una cuenta bancaria radicada en Morgan Stanley en Ganancias ni en Bienes Personales desde 2020, y que tampoco registró ingresos o facturación que expliquen un pago equivalente a 200 mil dólares en el exterior. Además, se menciona otra cuenta no registrada donde habría ingresado un pago de 30 mil dólares desde Wellington Capital Markets Ltd., según documentación secuestrada en un allanamiento.
La lupa también cayó sobre las sociedades Varianza S.A. y El Encuentro de Castello S.A. Para los investigadores, Varianza sería una estructura inactiva que pudo usarse para "simular" ingresos, incluso con facturación armada para que cerraran declaraciones juradas. Y sobre El Encuentro de Castello se mencionó un crecimiento de activos sin respaldo en operaciones verificables. También apuntaron a valuación y titularidad de un rodado declarado en forma parcial ahí.
En paralelo, los fiscales sostienen que la capacidad económica declarada por González no alcanza para justificar bienes detectados entre 2021 y 2024 y remarcan omisiones, como no declarar su 50% en Varianza pese a figurar como socia. Allí aparece Iglesias: con 23 años, sin ingresos declarados, pero como titular de un vehículo valuado en casi 73 millones de pesos hallado en la vivienda familiar, lo que llevó a evaluarlo como posible "testaferro".
Con ese cuadro, el Ministerio Público pidió medidas cautelares para asegurar un eventual decomiso y el juez hizo lugar. La causa avanza ahora con un mensaje directo: las cuentas personales también se investigan.