Trompadas y sillazos en medio de la jura de concejales
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EL DIARIO digital
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Este fin de semana se están dando los retoques finales a la reforma laboral del Gobierno, luego de que se conociera una última versión que contiene cambios importantes respecto del borrador que redactó el Consejo de Mayo. La nueva redacción incluye concesiones a la CGT y, a la vez, agregó un artículo que inquieta al empresariado.
La idea en la Casa Rosada es incorporar nuevas observaciones sindicales y empresariales entre sábado y domingo, con la intención de presentar el proyecto el martes 9, como estaba previsto. Quienes analizaron en detalle la última versión quedaron sorprendidos porque hay varios artículos que no estaban incluidos en los borradores previos y, además, por encontrar errores técnicos jurídicos en la redacción.
Esta última versión fue corregida en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, a cargo de María Ibarzábal Murphy, alineada con el asesor Santiago Caputo, quien siguió las órdenes de quitar artículos que irritaban a la CGT y que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendía enfáticamente. Quedó insinuado que la Casa Rosada no quiere una batalla a todo o nada con el sindicalismo, siguiendo la línea bajada por Karina Milei e instrumentada por sus alfiles que sirvieron de nexo con la CGT: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem.
Cambios que alivian a los sindicatos
El giro más drástico en la última versión fue la eliminación del artículo que ponía límites a las cuotas solidarias, una propuesta que iba a jaquear la "caja" sindical porque condicionaba el pago del aporte compulsivo al consentimiento explícito de los trabajadores.
No obstante, se incluyó un impedimento para que el descuento de las cuotas solidarias lo recaude el sector empleador. Mientras la ley actual obliga a los empleadores a actuar como "agente de retención" de los importes que, "en concepto de cuotas afiliación u otros aportes" deban tributar los trabajadores, la nueva versión restringió ese ítem a "las cuotas de afiliación" y estableció: "Siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes". Esto significa que los empleadores no estarán obligados a retener el importe de las cuotas solidarias para girárselo luego a los sindicatos.
Otro punto modificado en favor del poder sindical es el que establece la prelación del convenio por empresa respecto del convenio por actividad: se agregó que deberán ser negociados y firmados por el sindicato con personería, lo que saca de esta instancia a las comisiones internas y respeta la incidencia exclusiva del viejo unicato gremial.
Puntos que la CGT quiere eliminar o suavizar
Estos son dos de los cambios que más reclamaba la CGT, aunque quedaron otros artículos que el sindicalismo intenta ahora eliminar o suavizar. Uno es el que restringe la ultraactividad de los convenios, sumando una disposición transitoria que resulta inquietante para los gremialistas: establece que "en el plazo de un año (...) la Secretaría de Trabajo convocará a las partes legitimadas para negociar, y/o renegociar y/o ratificar las cláusulas de los Convenios Colectivos que estuvieran vencidos".
Además, la Secretaría de Trabajo podrá suspender los efectos del acto de homologación de convenios vigentes solo por ultraactividad si se demuestra que su aplicación genera "distorsiones económicas graves que afecten el interés general".
La CGT también quiere borrar del proyecto el agregado que considera infracción muy grave a "provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento", lo que permitirá que se sancione a las cúpulas sindicales en casos de bloqueos. También se mantuvo la dura reglamentación del derecho de huelga (contemplada antes en el DNU 70 y el decreto 340, frenados por la Justicia), punto que el sindicalismo buscará eliminar. La estrategia podría ser quitar este artículo de la reforma laboral para facilitar su aprobación en el Congreso e intentar que la regulación de las huelgas se debata aparte en otro proyecto, como el presentado por la diputada nacional Verónica Razzini.
Límites a asambleas y delegados
Si bien el número de delegados por empresa se mantendrá como hoy (el artículo que lo reducía a la mitad se eliminó), el proyecto insiste en los límites a las asambleas para evitar que se conviertan en medidas de fuerza. Se incorporó un inciso que considera una práctica desleal del sindicato "intervenir o interferir intencionalmente afectando el desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asambleas violando los términos del artículo 20 bis de la presente ley, u otras medidas de acción directa".
Se añadieron, además, dos prácticas desleales del sindicato que la CGT resistirá: "Rehusarse a negociar colectivamente con los representantes de la parte empleadora (...) o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación", y "no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad con facultades suficientes".
Los delegados sindicales quedan en la mira. Según abogados de la CTA de los trabajadores, el proyecto "debilita el alcance práctico de la representación: ahora sólo dirigentes titulares y delegados electos, eliminando la tutela sindical para suplentes y congresales" y "permite modificar las condiciones de trabajo del "candidato" si hay una reorganización total del establecimiento o sector, lo que antes estaba prohibido".
En cuanto a las horas gremiales, se fijan hasta 10 horas mensuales ("salvo que el convenio colectivo aplicable disponga una cantidad mayor") y añade: "El ejercicio de este derecho no podrá generar la interrupción de actividades en el área de trabajo".
Inquietud por el fondo de asistencia laboral
Los empresarios también reaccionaron con cierto malestar ante la última versión: nadie les avisó que habían incluido un nuevo artículo que crea los llamados Fondos de Asistencia Laboral (FAL), "destinados exclusivamente a coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos" vinculados con las indemnizaciones por despido. Este fondo surge del aporte de los empleadores a través de una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones.
En realidad, ese punto se incorporó ahora porque estaba en estudio por parte del Ministerio de Economía, pero hay otro artículo que le quita sustento a las quejas del sector empleador: los empresarios que contribuyan con el 3% para los FAL se beneficiarán con una reducción de 3 puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Es decir, ese 3% de rebaja de los aportes irá, si así lo desean, al sistema que financiará las indemnizaciones por despido, e incluso ese dinero dará sus dividendos en la Comisión Nacional de Valores hasta que sea utilizado para esa finalidad.
La postura pública del sindicalismo
La CGT negoció en forma reservada, pero sigue diciendo en público que no conoce el texto real de la reforma y que mantiene su rechazo a todos los puntos que trascendieron. Ni siquiera da por cierto el alivio de que continúen las cuotas solidarias y que la firma de los convenios por empresa tenga que estar a cargo de los sindicatos con personería.
"El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con el sindicalismo y el empresariado", dijo el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). "Los cambios deben pensarse entre todos los actores, pero hasta ahora el Gobierno ha ignorado cualquier propuesta sindical y avanza por imposición", sostuvo.
A la espera de una convocatoria, los líderes cegetistas buscan sumar respaldos de gobernadores y legisladores para que la reforma laboral termine en una versión light cuando se trate en el Congreso. Las próximas horas serán decisivas, con la posibilidad de más cambios en el texto, pero la nueva reforma laboral, a pesar de tantos retoques, parece estar más cerca.
