Cae el optimismo ciudadano y el índice de confianza en el Gobierno nacional
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EL DIARIO digital
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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó este miércoles una ofensiva judicial y diplomática a nivel internacional al llevar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra. La estrategia busca que el organismo evalúe la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la "Causa Vialidad", medida que calificó como una abierta "proscripción política".
El anuncio se produjo en paralelo a la publicación de una columna de opinión firmada por la ex mandataria en medios de repercusión global —como El País de España y Libération de Francia— y a una conferencia de prensa de su equipo legal, donde se detalló la presentación de una "comunicación individual" amparada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
"No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento", argumentó la ex mandataria, remarcando que el fallo vulnera no solo sus garantías individuales, sino también el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
Argumentos centrales
Para encarar este tramo del proceso, la defensa encabezada por Alberto Beraldi incorporó a su equipo al jurista brasileño Rafael Valim —quien formó parte de la estrategia legal que logró revertir las condenas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva— y al ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego.
En la fundamentación elevada a la ONU, la ex jefa de Estado sostuvo que el proceso judicial estuvo viciado por "arbitrariedades incompatibles con el debido proceso" y atravesado por un sesgo de "machismo estructural". Asimismo, vinculó la persecución judicial con el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al señalarlo como un reflejo de la escalada de violencia política en el país.
Situación procesal
La presentación ante Naciones Unidas se da en un contexto donde la vía judicial local se encuentra agotada, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme en junio de 2025 la sentencia por administración fraudulenta y, más recientemente, ratificara el decomiso de bienes por más de $684.000 millones. Actualmente, Fernández de Kirchner cumple la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá determinar primeramente la admisibilidad del reclamo. En caso de ser aceptado a trámite, el organismo internacional requerirá informes oficiales al Estado argentino antes de elaborar una dictamen o recomendación sobre el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.
