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EL DIARIO digital
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El fiscal general Diego Luciani intervino en la Jornada por el Día Internacional Anticorrupción, en Quito, Ecuador, donde hizo un profundo análisis del caso Vialidad, que concluyó con la condena de Cristina Kirchner. Luciani enfatizó la relevancia de la sentencia de seis años de prisión y el decomiso de activos.
Ante sus pares de otros países, el fiscal declaró que la Justicia fue la que impidió que la expresidenta "se refugiara en los fueros que la política corrupta le había brindado todo este tiempo". Este fallo, que derivó en el arresto domiciliario de la exmandataria desde junio, se constituyó en un "antes y un después en materia de corrupción en nuestro país", consideró Luciani.
Resistencia del poder y presiones en el juicio
Luciani sostuvo que uno de los mayores desafíos durante el proceso judicial fue la "resistencia del poder al ser juzgado", recordando que el debate se desarrolló mientras Cristina Kirchner se desempeñaba como vicepresidenta de la Nación, "con todo un poder del Estado a su favor y en contra de los fiscales".
El fiscal detalló las presiones sufridas por su equipo, describiéndolas como un intento de obstaculizar la investigación: presiones sutiles, mediante allegados, lobistas y abogados; presiones brutales, con intromisiones del poder político, agravios, amenazas y hasta espionajes.
Recordó, además, el camino emprendido por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que incluyó intentos de "colonización de la Justicia" a través de una reforma de la Justicia federal y del Consejo de la Magistratura, e incluso la creación de una comisión para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema y del Ministerio Público Fiscal (MPF), que fue encabezada por el abogado defensor de la expresidenta.
El decomiso de bienes y la pérdida millonaria
En su exposición, Luciani destacó la importancia de la recuperación de activos: "No hay sentencias ejemplares si no se recuperan los activos que fueron desapoderados". La red de corrupción generó un perjuicio de más de USD 1000 millones. Lázaro Báez adquirió, en 12 años, más de 415.000 hectáreas, el equivalente a veinte Ciudades Autónomas de Buenos Aires.
El fiscal confirmó que la fiscalía solicitó el decomiso de más de 150 bienes a nombre de los condenados y sus allegados. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ya ordenó el decomiso de 120 inmuebles en todo el país, lo que constituye el decomiso más importante de la historia argentina en un caso de gran corrupción.
Luciani adelantó que el Ministerio Público Fiscal trabaja en una segunda, tercera y cuarta etapa de decomisos de bienes hasta cubrir la cifra de 685.000 millones de pesos, buscando que los activos recuperados tengan un "fin social, real y palpable".
El fiscal concluyó con el concepto que marcó su alegato: "Dijimos una frase cargada de sentido: 'es corrupción o justicia'. Estamos viendo que, en nuestro ámbito, es justicia".
