Cristina Kirchner apuntó a Kicillof por la derrota electoral: "El desdoblamiento fue un error político"
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EL DIARIO digital
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El Gobierno Nacional avanza en el diseño de una profunda reforma laboral, cuyo borrador ya fue compartido con actores del denominado Consejo de Mayo, incluyendo a dirigentes políticos y empresarios. La propuesta, que el Ejecutivo busca consensuar para enviar al Congreso antes de fin de año, retoma y profundiza los lineamientos desreguladores vistos en el fallido DNU 70/23, centrándose en reducir los costos del despido y modificar la dinámica de la negociación colectiva.
Los cambios propuestos representan un giro de 180 grados en el régimen laboral argentino, afectando directamente a los derechos de los trabajadores, especialmente aquellos con mayor antigüedad.
El corazón de la controversia
El punto más sensible de la reforma se encuentra en el régimen indemnizatorio por despido sin causa. El texto estipula que "la indemnización en ningún caso podrá ser [...] superior a diez meses de sueldo" por año trabajado.
Este tope fijo de diez sueldos, independientemente de la antigüedad que exceda la década, implica una sustancial reducción del resarcimiento para los trabajadores de larga trayectoria. Para un empleado con 20 o 30 años de servicio, esta limitación se traduce en la pérdida de la mitad o dos tercios de la compensación que perciben hoy, desprotegiendo a la fuerza laboral más experimentada.
Además, el borrador restringe la base de cálculo al excluir:
- El Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo).
- Conceptos de pago semestral o anual como bonos, adicionales o vales tipo tickets canasta.
En paralelo, en un guiño a las Pymes, se plantea habilitar el pago de la indemnización en hasta doce cuotas mensuales, una medida que, en contexto inflacionario, implica una pérdida de valor real para el trabajador despedido.
Pérdida de poder gremial
La reforma no se limita al despido. Busca modificar la correlación de fuerzas en el mercado de trabajo:
Salarios Dinámicos y Ultraactividad: Se habilita la incorporación de componentes retributivos variables por productividad, negociados a nivel de empresa o individual, sin la garantía de continuidad tácita o ultraactividad. Esto debilita la protección que un convenio colectivo extendido ofrece al salario.
Negociación por Empresa: El proyecto prioriza los acuerdos por empresa por sobre los de rama o actividad, al establecer que "un convenio de ámbito menor prevalece [...] frente a otro convenio de ámbito mayor". Este principio fragmenta la fuerza sindical.
Desfinanciamiento Sindical: Se elimina la obligación de descontar la cuota sindical a los no afiliados, exigiendo el "consentimiento expreso" del trabajador. Esta medida ataca directamente el financiamiento de las asociaciones gremiales.
El cerco a la huelga
Finalmente, el borrador incorpora exigencias de cobertura mínima durante medidas de fuerza: un 75% en servicios esenciales (salud, energía, aduanas) y un 50% en "actividades o servicios de importancia trascendental" (industria, banca, gastronomía y medios).
La CGT ya anticipó su rechazo frontal, acusando al Gobierno de intentar impulsar una negociación desigual sin la debida participación sindical. Por su parte, la UIA reconoció estar en diálogo con el Ejecutivo para lograr un "mejor proyecto laboral posible".
La reforma, que busca "reducir costos" y promover el empleo, se encamina a ser el eje central del debate político y sindical de fin de año, y su aprobación dependerá del delicado equilibrio que el Gobierno logre construir en el Congreso.
