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EL DIARIO digital
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La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) presentó un contundente escrito como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en el marco del litigio por el 51% del control estatal de YPF S.A. El documento de la cámara empresarial subraya su "respaldo irrestricto a la República Argentina" y advierte sobre los graves riesgos que, a su juicio, acarrearía el cumplimiento de la sentencia judicial que ordena la transferencia de la mayoría accionaria de la petrolera a acreedores privados.
La presentación de AmCham se basa en tres pilares: la defensa de la soberanía y el estado de derecho, el impacto sobre la estabilidad macroeconómica y el efecto negativo en las relaciones comerciales bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.
Peligro para la soberanía y el estado de derecho
El argumento central de la AmCham es que el fallo estadounidense fuerza a Argentina a violar su propia legislación interna, específicamente la Ley 26.741, que prohíbe ceder el control de YPF sin la aprobación de dos tercios del Congreso de la Nación.
La cámara remarca que la sentencia exige "modificar o quebrantar" una disposición aprobada por el Congreso, lo que vulnera la soberanía nacional. El escrito enfatiza que los funcionarios públicos argentinos podrían enfrentar sanciones penales en el país si cumplen una orden judicial extranjera que contraviene las leyes locales. Para AmCham, la medida "castiga las bases del estado de derecho y la previsibilidad que exigen los inversores", dañando la seguridad jurídica e inhibiendo nuevas inversiones de capitales estadounidenses y argentinos.
Riesgos macroeconómicos y la inversión
En el plano económico, la organización recordó la importancia estratégica de YPF, que genera más del 1,5% del producto bruto interno (PBI), lidera la exportación de petróleo y abastece la mayor parte del mercado local de combustibles.
Según AmCham, una transferencia forzada del control accionario pondría en riesgo el cumplimiento de contratos, habilitaría eventuales procesos de default y comprometería la recuperación económica del país. Además, se advierte que el fallo desatiende los esfuerzos de la propia administración de Estados Unidos que, durante 2024 y 2025, envió "señales públicas en favor de la estabilización financiera de la Argentina".
El documento de AmCham también critica la reinterpretación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) que permite la ejecución de activos estatales ubicados fuera del territorio estadounidense, sentando un precedente insólito que genera incertidumbre jurídico-legal para firmas argentinas con operaciones en EE. UU. y para capitales estadounidenses invertidos en el país.
Un decisivo apoyo internacional
Por otra parte, la Procuración del Tesoro de la Nación destacó el "apoyo internacional sumamente contundente" en favor de la posición argentina, como parte de su estrategia de defensa en la etapa de apelación. La audiencia para definir la validez de la sentencia de fondo quedó fijada para el 29 de octubre.
Una docena de gobiernos y entidades internacionales se sumaron a la causa. Entre las presentaciones de amicus curiae y cartas diplomáticas se destacan los gobiernos de Estados Unidos (que repite su apoyo por tercera vez mediante el Departamento de Justicia), Israel (presentación inédita en un litigio de este tipo), Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania. También expresaron su respaldo la American Bankers Association, el Bank Policy Institute y la propia AmCham.
El Gobierno argentino, que enfrenta una sentencia que obliga a cubrir USD 16.000 millones más intereses, confía en la solidez de sus argumentos y continuará "ejerciendo su derecho de defensa por vías procesales, diplomáticas y políticas" para proteger sus intereses.