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EL DIARIO digital
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La decisión fue establecida a través del Decreto 681/2025, que se apoya en leyes que obligan a cualquier norma que genere gastos a tener una partida presupuestaria específica. El Gobierno recordó que ya envió el Presupuesto 2026 al Parlamento, por lo que es allí donde se deben definir los recursos para la ley. La norma, que había sido vetada en agosto, fue ratificada por el Congreso con una mayoría de dos tercios.
¿Qué establece la nueva ley?
- Declara la emergencia en el área de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Crea una Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC) equivalente al 70% del haber mínimo, que podrá ser compatible con un empleo si los ingresos no superan los dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).
- Garantiza la cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.
- Fija una compensación de emergencia para los prestadores de servicios por la diferencia entre sus aranceles y la inflación.
- Amplía a 3 años la exención de impuestos para empleadores que contraten a personas con discapacidad.
El problema de los fondos
El propio Ejecutivo informó que el costo total para ejecutar la ley en 2025 ascendería a más de 3 billones de pesos, lo que representa el 0,35% del PBI. Si bien el gobierno tiene un crédito disponible de más de 2,3 billones de pesos, este monto es insuficiente para cubrir la totalidad de los gastos de la nueva norma.
Hasta que el Congreso defina las partidas, quedan suspendidos los siguientes puntos de la ley:
- El inicio de las nuevas pensiones y las altas de la PNC.
- La compensación a los prestadores de servicios.
- La incorporación de nuevos beneficiarios al Programa Incluir Salud.
- El despliegue operativo del organismo de Discapacidad para fiscalizar el cumplimiento de la norma.