Las petroleras ya no informan los aumentos y los precios de los combustibles siguen subiendo
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EL DIARIO digital
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A pesar de que el Congreso insistió en la aprobación de la norma, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Poder Ejecutivo la promulgará, aunque no la reglamentará hasta que se defina la forma de financiarla.
La decisión es un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno y la sociedad civil, que había logrado una masiva movilización para reclamar la ley. El proyecto, impulsado por la oposición, busca paliar la crisis que enfrenta el sector de la discapacidad por el congelamiento de fondos y una reducción de beneficiarios.
Francos fue contundente en sus declaraciones y puso el foco en el impacto fiscal de la medida. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley podría implicar un gasto de entre 1.8 y 3.6 billones de pesos, un 0.42% del PBI. "El Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos", sentenció el ministro, dejando en claro que el Gobierno no asumirá la responsabilidad de reasignar partidas para cubrir el costo.
La ley, que había generado un masivo apoyo parlamentario tras un escándalo de corrupción en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), establece la actualización automática y mensual de los aranceles para prestadores, crea nuevas pensiones no contributivas y refuerza el financiamiento de la propia ANDIS.
Mientras el Gobierno debate el financiamiento, la comunidad de personas con discapacidad y sus familias continúa en alerta, a la espera de que la norma, aprobada por el Congreso, se convierta en una realidad.
