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EL DIARIO digital
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a exigir al Congreso la designación del Defensor del Pueblo, un cargo vacante desde 2009, y que sancione una ley que regule los procesos colectivos. Este reclamo se produjo al cierre de la causa iniciada para extender el alcance del "fallo Badaro" a todos los jubilados y pensionados en situación similar.
En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz destacaron que el trámite del expediente se vio afectado por la falta de un Defensor del Pueblo que pudiera adaptar la demanda a los requisitos establecidos por la Corte para este tipo de procesos. Además, los jueces señalaron que la sanción de la Ley de Reparación Histórica y las demandas individuales resueltas en estos años cambiaron el escenario del reclamo.
Demoras por la falta de un Defensor del Pueblo
El juez Ricardo Lorenzetti, en la misma línea, sostuvo que la extensa demora en la resolución de esta causa se debió principalmente a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo. También advirtió que este organismo no tiene legitimación para representar colectivamente a los jubilados en cuestiones patrimoniales.
El caso en cuestión se remonta a una acción presentada en 2007 por el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien buscó que se aplicara a todos los jubilados el criterio de movilidad salarial fijado por la Corte en favor de Adolfo Badaro. Sin embargo, la demanda fue rechazada por la Cámara de la Seguridad Social, que consideró que se trataba de derechos individuales, lo que llevó a la apelación y, finalmente, al máximo tribunal.
La reiterada solicitud al Congreso
La Corte, al reiterar su exhortación al Congreso, recordó precedentes como el fallo Halabi de 2009 y destacó que lleva más de 15 años pidiendo sin éxito una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos en el país. Este vacío legal y la falta de un Defensor del Pueblo continúan siendo obstáculos para la resolución de causas colectivas que involucran a miles de ciudadanos.
