El Gobierno argentino declara al Cártel de los Soles como organización terrorista
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EL DIARIO digital
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La falta de controles, el desmantelamiento de auditorías internas y el maltrato a agentes estatales encendieron alertas en organismos clave como la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la Aduana, la obra social militar IOSFA y la administración impositiva. Legisladores nacionales cuestionan las medidas desreguladoras de Federico Sturzenegger, ministro de Transformación Estatal, a quien señalan como uno de los artífices de un contexto favorable para la expansión de casos de corrupción.
En la Andis, el juez federal Sebastián Casanello investiga un presunto hecho de cohecho en un área donde, tras el recorte dispuesto por Sturzenegger, la Unidad de Auditoría Interna pasó de 16 profesionales a solo 4 o 5. El ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, de perfil técnico bajo en materia de discapacidad, pero cercano a Javier Milei, reconocía "hechos de corrupción que se producían sin que pudiera hacer mucho", según trascendió.
Uno de los focos está en el plan Pacbi, con alto presupuesto y baja incidencia, donde exdirectivos denunciaron compras directas a droguerías sin licitación plena. Una situación similar se detectó en IOSFA, que mantiene contratos con la droguería Suizo Argentina. Su nueva titular, Betina Surballe, aclaró que los vínculos "son previos a la actual gestión". En tanto, su antecesor Roberto Fiochi aseguró: "En mi etapa solamente adjudiqué una licitación por 30.000 millones de pesos, que se dividió entre seis droguerías, entre ellas Suizo Argentina. A esta se le compró una parte muy pequeña de los medicamentos".
La crisis de IOSFA se refleja en su pasivo: más de 160.000 millones de pesos de deuda acumulada. El organismo sostiene que mantiene registros de compra con 56 droguerías y ocho licitaciones vigentes, aunque la situación financiera volvió a deteriorarse en 2024 tras un cierre 2023 que había mostrado una merma en los pasivos.
El deterioro alcanza también a los agentes de Aduana y de ARCA, la agencia recaudadora bajo la órbita del Ministerio de Economía. Con salarios muy por debajo de la inflación y de lo que paga el sector privado, muchos profesionales optaron por retirarse. "Hablamos de profesionales muy valiosos, aquellos que investigan grandes causas de evasión impositiva o investigadores de operaciones financieras en la nube, que se hacen cada vez más difícil de perseguir favoreciendo a los inescrupulosos", advirtió Julio Estévez (h), dirigente de la Asociación de Empleados Fiscales (AEFIP).
El gremio aduanero Supara también denunció la vulneración de las convenciones colectivas y advirtió que los aumentos salariales apenas superan el 1% mensual. "AEFIP cumple 10 años de vida y nunca vivimos esta situación de desinterés por el trabajador impositivo y aduanero. Además, el otro gremio AEFIP no hace demasiado por revertir esta situación que desfinancia a las familias aduaneras e impositivas y genera que los chorros de este país se froten las manos por la desidia del Gobierno por incrementar los controles", remarcó Estévez (h).
