La oposición se une para limitar el poder de los decretos de necesidad y urgencia de Milei
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EL DIARIO digital
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Después de que la oposición lograra, por primera vez en la actual gestión, voltear un veto presidencial, el Gobierno de Javier Milei prepara una estrategia judicial para evitar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. A pesar de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado posibles aumentos en las prestaciones, la Casa Rosada ya estaba diseñando la vía legal para no aplicar la norma, que exige la regularización de pagos y la actualización de aranceles para el sector.
La caída del veto, que fue una derrota política para el oficialismo, se dio en medio de la creciente tensión con sus aliados y el fuerte reclamo social por el financiamiento de programas para esta población. Según fuentes de la Casa Rosada, el anuncio de Adorni fue "un último recurso para convencer a algunos diputados", pero el "partido ya estaba jugado". El vocero había publicado en sus redes que se estaba considerando un aumento en las prestaciones, que se financiaría con los "ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas".
En el Gobierno, afirman que la aplicación de esta medida sigue en estudio y que ahora, con el veto caído, es probable que no se ejecute. La estrategia confirmada es la judicialización de la ley una vez que pase el Senado. "Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero", había anticipado el propio presidente Milei semanas atrás.
La judicialización podría tomar dos vías: una es alegar la presunta ilegalidad de la sesión del Senado, y la otra es denunciar que la ley impone una normativa sin las respectivas fuentes de financiamiento. Este último punto es el más probable, ya que el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que la ley podría tener un impacto fiscal de entre el 0,25% y 0,45% del PBI.
Como parte de la estrategia, el Gobierno asegura que está dispuesto a incrementar algunas partidas, pero siempre bajo la premisa de la restricción presupuestaria. Además, una solución a mediano plazo que se evalúa es dar de baja a beneficiarios de "Incluir Salud" para reasignar esos fondos. Los ministros Mario Lugones y Guillermo Francos, junto a otros funcionarios como Santiago Caputo, Sebastián Amerio y María Ibarzábal, han estado en reuniones clave para acordar que el Presidente no implemente ningún aumento regido por la ley y se excuse a través de la vía judicial.
¿Qué contempla la Ley de Emergencia en Discapacidad?
La ley declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo es garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La normativa incluye el financiamiento de pensiones, la regularización de prestadores, una actualización mensual automática de aranceles y la protección de los prestadores de servicios, alejándose del antiguo modelo asistencialista para adoptar un enfoque de derechos humanos.
