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Juicio a YPF: Preska convocó a una audiencia urgente por las acciones estatales

La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó una reunión el lunes 15 de julio en Nueva York para avanzar en el proceso legal que podría complicar la soberanía de las acciones estatales de YPF.

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EL DIARIO digital

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La disputa legal que enfrenta el Estado argentino no da tregua. La jueza Loretta Preska del tribunal federal de Nueva York convocó a una audiencia de descubrimiento para el lunes 15 de julio a las 10:00 (hora local), con el objetivo de que Argentina responda a un pedido de información por parte de los demandantes del juicio sobre YPF. En ese marco, también solicitaron detalles sobre posibles activos estatales, incluyendo empresas como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central.

Este nuevo paso judicial ocurre apenas unos días después de que Argentina presentara una apelación en el Segundo Circuito de Nueva York, en un intento por frenar la ejecución de la orden que obliga al país a transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a fondos litigantes. La referencia es clara: la reunión judicial servirá para determinar si esos activos estatales pueden ser embargados como parte del cumplimiento de la condena histórica por la expropiación de YPF en 2012.

El alcance del procedimiento anticipa una disputa compleja. Por un lado, los demandantes buscan avanzar con la jurisprudencia para ejecutar embargos sobre entidades estatales. Por el otro, el Gobierno sostiene que ninguna venta o transferencia puede realizarse sin autorización del Congreso y que se respetará ese requisito legal. Los abogados de Argentina también argumentan que se trata de bienes inmunes y que la apelación debería suspender la orden hasta que se revise en instancias superiores.

La cita del lunes será clave para conocer hasta qué punto los reclamantes buscan consolidar la ejecución del fallo, y cómo responderá la Argentina en términos formales y jurídicos. Para el gobierno, se trata de una batalla que condicionará la imagen internacional de YPF, la posibilidad de mantener el control estatal sobre la petrolera y la defensa del interés público en litigios internacionales.

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