"Si la gente se caga de hambre de qué te sirve la legitimidad"
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EL DIARIO digital
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra los movimientos sociales y sindicatos y afirmó que "los que manejan la política social se creen que tienen el poder de dominar y explotar a la gente".
La funcionaria nacional señaló que recibieron "80 mil llamadas que hablan de extorsión, aprietes, abusos sexuales, imposiciones" en contra de movimientos sociales y sindicatos.
La ministra de Seguridad estuvo acompañada por su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el diputado Iván Gyöker; y el ministro de Seguridad de esa provincia, Hugo Daniel Matkovich.
En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Bullrich anticipó que el Gobierno avanzará con "un cambio total y absoluto de estos gerentes, que ya no son gerentes de la pobreza, sino de la explotación total y absoluta del ser humano utilizando su condición de vulnerabilidad".
Asimismo, la ministra denunció una red de trata que operaba en la provincia de Chaco, a través de la entrega de planes sociales, y que -según precisó- era comandada por el dirigente piquetero de la Corriente Clasista y Combativa, Jorge Bregui, detenido y acusado de prostituir mujeres a cambio de otorgar y administrar las asistencias.
Los funcionarios detallaron que el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas, y se quedaba con la asistencia estatal. "Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios", reafirmó Bullrich.
El exgobernador chaqueño Jorge Capitanich fue señalado por los ministros que responden al presidente Javier Milei y acusado de tener vinculaciones con la red de trata que regía mientras estaba al frente de la provincia. "El Gobierno anterior de Chaco dejó hacer porque sus funcionarios recibían estas dadivas sexuales. Hasta eso se ha llegado", planteó la expresidenta del PRO.
Por su parte, Cúneo Libarona sostuvo que en Chaco opera una matriz delictiva, con un proceder sistemático que cuenta con medios y una estructura para mantenerse en el tiempo, por lo que se comprometió, instrumentado por el mandatario, a "destruirla". Además, contó que trabaja en una nueva figura delictiva, un tipo penal especial, vinculado a los intermediarios de los planes sociales y al fraude con el dinero malversado de las ayudas estatales.
"Vamos a dar apoyos normativos, proponer nuevos delitos y el incremento de las penas para que se sancione con proporcionalidad y manos justa estos delitos tan aberrantes", prometió.
A su turno, el gobernador Zdero expresó que tomó la decisión de luchar contra la corrupción, y reveló que elevó denuncias a la justicia provincial producto del "uso de beneficio sociales para el enriquecimiento de los dirigentes sociales cuando cada vez tenemos más pobres en la provincia del Chaco".
Bullrich defendió el protocolo anti-piquete ante la Justicia
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió hoy ante la Justicia la aplicación del protocolo anti-piquete luego que fuera cuestionada por agrupaciones de izquierda.
El juez Sebastián Casanello dispuso una audiencia para escuchar a la ministra, quien estuvo presente durante algunos minutos en el segundo piso de Comodoro Py acompañada por otros funcionarios de la cartera de seguridad.
Desde el Ministerio hicieron una defensa en términos políticos de la implementación del protocolo ante la protesta callejera, tal cual ya lo habían hecho por escrito en un descargo ante el juez.
En cambio, el MST encabezados por la legisladora porteña Celeste Fierro cuestionó el protocolo porque entienden que da más poder de actuación a las fuerzas de seguridad sin previa orden judicial ante las protestas.
Casanello hizo varias preguntas a las partes y lo mismo de su parte la fiscal federal Patricia Ochoa, pero la audiencia pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana, aún sin día ni horario definido.
Fierro había postulado la inconstitucionalidad del "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" y Casanello le había pedido al Ministerio de Seguridad informes sobre la elaboración y aplicación de esa normativa.
El Ministerio de Seguridad le respondió que el Protocolo es legal, fue dictado dentro de las competencias de esa cartera y no recibió denuncias de abusos por parte de fuerzas de seguridad a raíz de su aplicación.
"La Resolución ahora cuestionada no transgrede disposición alguna, ni de la Constitución Nacional, ni de los Tratados sobre Derechos Humanos, menos aún las normas internacionales del Trabajo, en particular el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación", enfatizó el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich.
Casanello resolvió dictar una medida que actúe "como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales".
El juez advirtió: "Los términos del protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitación de poder punitivo por fuera de la norma penal emanada del poder legislativo y/o de interpretación reservada al poder judicial".
En ese contexto, ordenó que, "frente a situaciones que impliquen la posible comisión de un delito contemplado en el Código Penal, el personal de las fuerzas de seguridad deberá, a la par de proteger los bienes jurídicos amenazados, efectuar la inmediata consulta con el Juzgado y/o Fiscalía de turno correspondiente".
"Las fuerzas de seguridad tienen un rol de auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal", recordó el magistrado.
